La anulación de la Delimitación de Espacios y Usos Portuarios (DEUP) del Puerto de Vigo -anteriormente denominado Plan de Usos- ya es firme toda vez que el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por Puertos del Estado contra el dictamen de la Audiencia Nacional que tumbó el documento de regulación urbanística en diciembre de 2017.
En una providencia comunicada a las partes este miércoles, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima la admisión a trámite del recurso de casación presentado por la Abogacía del Estado, en representación de Puetos del Estado, contra la citada sentencia de la Audiencia Nacional y condena a las costas procesales (1.000 euros) a la parte recurrente.
La causa de la anulación del plan de usos del puerto de Vigo, aprobado en mayo de 2015, es que el documento adolece de una evaluación de impacto ambiental pese a tener la Autoridad Portuaria competencias en áreas protegidas como las aguas adyacentes de las islas Cíes o la ensenada de San Simón.
Preguntado a este respecto, el presidente del Puerto, Enrique López Veiga, asegura que "no tendrá consecuencias relevantes porque lo que prevalece es el documento rector máximo, que es el Plan Especial. Así que no habrá grandes problemas". Sin embargo, el portavoz de la Marea de Vigo, Rubén Pérez, apuntó una de las consecuencias de la anulación del Plan de Usos, "la inseguridad jurídica" que a su juicio genera en la próxima celebración de O Marisquiño, por lo que hizo un llamamiento para llegar a un acuerdo sobre una "ubicación alternativa" del festival y evitar que Vigo acabe por perder "el único evento que llena hoteles, no las luces de Navidad".
