El caso Redcom, que llevó al empresario vigués Manuel Ferreira, pionero de la telefonía en Galicia, a cerrar sus 300 tiendas y enviar al paro a casi 400 trabajadores tras ser acusado de un supuesto delito de fraude fiscal de 8,5 millones de euros y que una década después acabó con su total absolución, se encuentra en el epicentro de la investigación de la trama de corrupción que ha estallado estos días en Vigo, y que se ha saldado con la detención del inspector de Hacienda que llevó el caso y que llegó a ser jefe de la unidad regional de la Inspección en la ciudad, Asdrúbal Casares García, así como del asesor fiscal Francisco González Pino. Ambos detenidos en Vigo pasaban a primera hora de esta mañana a disposición judicial y comparecen para determinar si ingresan en prisión.

Ferreira, dueño de una de las mayores colecciones privadas de coches de España, sería solo uno de los empresarios afectados en la investigación que lleva la UCO bajo la dirección del Juzgado de Instrucción 3 de Santiago, aunque su caso es el de mayor envergadura dados los perjuicios ocasionados y la elevada cantidad reclamada. El empresario vigués se negó en 2005 a llegar a acuerdo alguno con la Agencia Tributaria y a pactar con Casares, pues ya había pagado 5 millones de euros en tributos. El caso Redcom estalló en 2006 cuando, a propuesta del inspector Casares, Hacienda le retuvo 3 millones de euros e interpuso una demanda penal contra Ferreira y un socio por presunto delito fiscal por un fraude 'carrusel' del IVA en los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Acusado por la Fiscalía, que pedía 12 años de cárcel y 8,5 millones de multa, quedó en 2015 absuelto por el Juzgado de lo Penal 1 de Vigo. La sentencia, que llegó después de que su defensa desmontase las acusaciones con la propia documentación de la Agencia de Tributaria y miles de facturas que guardaba el empresario, fue ratificada luego por la Audiencia Provincial. Por el camino, Ferreira tuvo que echar el cierre a su grupo empresarial.

Sin embargo, después de que se cerrase la vía penal, Hacienda, al parecer por iniciativa del inspector Asdrúbal Casares, abrió la vía administrativa, de forma que la devolución del dinero fijado en la sentencia, 8,5 millones de euros, sigue paralizada. En 2016, con la sentencia penal absolutoria ratificada, exfuncionarios de la Agencia Tributaria habrían vuelto a contactar con Ferreira y le garantizaron la devolución inmediata del dinero si alcanzaba un acuerdo con Casares. El empresario se negó y su vía crucis sigue ahora por la vía administrativa por los mismos hechos juzgados penalmente, en la que el mismo inspector de Hacienda era al parecer juez y parte.

La UCO investiga tanto el caso de empresarios que habrían accedido a las exigencias de la trama para gestionar las sanciones de Hacienda, como el de aquellos que se negaron y que habrían recibido presiones para contactar con Aserco, la consultoría de Francisco González Pino. En función de la sanción impuesta la trama habría reclamado diversas cantidades, en algún caso hasta 400.000 euros.