El portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez, ha avanzado este lunes que defenderá que existe una "responsabilidad compartida" entre el Ayuntamiento y el Puerto en el accidente ocurrido en el festival O Marisquiño ante la comisión de investigación del Parlamento de Galicia.
Pérez Correa está citado este martes en el Parlamento gallego, así como la portavoz del PP de Vigo, Elena Muñoz. El portavoz de Marea ha sostenido que tanto el Puerto de Vigo, como el Ayuntamiento y la Zona Franca "emitieron su autorización" para que el festival de cultura urbana se celebrase, sin embargo, ha apuntado a una "responsabilidad compartida" que deja fuera a esta última institución.
"Vamos a poner encima de la mesa la irresponsabilidad del alcalde y del presidente del Puerto", ha aseverado Pérez Correa, que ha destacado que "los grandes agraviados en este asunto son los organizadores del evento".
"Es evidente que esa zona que colapsó forma parte del aprovechamiento náutico-deportivo, por lo tanto no es una zona que esté dentro de la integración Puerto-ciudad", ha manifestado Pérez Correa, quien ha añadido que este extremo "está claro en la delimitación de usos portuarios".
En este sentido, en cuanto a la infraestructura, Marea de Vigo ha responsabilizado a la Autoridad Portuaria presidida por Enrique López Veiga, de quien han pedido su "cese inmediato" por su "irresponsabilidad política" y la "arbitrariedad de sus declaraciones" tras el accidente.
La responsabilidad del Ayuntamiento de Vigo, según ha considerado el portavoz de Marea, radica en el "plan de emergencias". Pérez Correa ha asegurado que "nunca se tuvo al Marisquiño como un evento de riesgo" y que se han "inclumplido de forma reiterada" los planes de emergencias y la "coordinación" con la Axencia Galega de Emerxencias, como así manifestó su director ante la comisión de investigación.
"Los responsables de Seguridad de Vigo tendrán que explicar mucho", ha comentado el portavoz municipal de Marea, que además ha criticado que se esté instando a los funcionarios municipales a no acudir a declarar al Parlamento. "No entendemos como un secretario municipal recomienda a los funcionarios no acudir cuando sabe que eso significa violar un artículo del Código Penal", ha apuntado.
