El PP y el PSOE siguen sin ponerse de acuerdo en el alcance de la comisión de investigación sobre el accidente de O Marisquiño. El portavoz de este órgano parlamentario, el diputado Alberto Pazos, advirtió ayer al alcalde de Vigo de la posibilidad de afrontar consecuencias penales si no comparece el próximo 19 de febrero para explicar la concesión de autorizaciones a la organización del festival. Ese mismo día debería acudir también a la Cámara Gallega el portavoz del gobierno vigués y responsable de Seguridad, Carlos López Font, que acusó ayer a los populares de convertir la comisión en un "circo" y considera su trabajo "una falta de respeto a la actuación judicial".
En la línea mantenida hasta ahora por el Concello de Vigo, Font se mostró de nuevo partidario de dejar que la justicia esclarezca responsabilidades y reprochó al PP "que con la complicidad de BNG y Marea" esté "utilizando una comisión con fines electorales y políticos". De esta forma el portavoz vigués restaba trascendencia a las advertencias que minutos antes lanzaban tres diputados del PP desde la sede de la formación en la calle Príncipe.
"Actúan en contra de esta ciudad. Se están arrogando competencias que atentan contra la autonomía local. Esta actuación está en los juzgados y hay que dejarlos trabajar", argumentó el responsable de Seguridad y Tráfico de Vigo, que volvió a reprochar al presidente de la Xunta que no acudiera a Vigo la noche del accidente en As Avenidas con 467 heridos.
Los socialistas rechazaron crear una comisión municipal de investigación para no interferir en la actuación judicial, pero el PP atribuye su actitud a un intento de "boicot". "Resulta lamentable. Es intolerable y deleznable que se negaran a investigar en el Concello y a informar a las víctimas y al Parlamento", subrayó Alberto Pazos antes de recordar que el día 21 de febrero también está llamado el presidente de la Autoridad Portuaria y después lo harán varios concejales más del gobierno vigués y técnicos.
En su intervención, los populares advirtieron a Caballero de que el Código Penal contempla como delito de desobediencia no comparecer ante una comisión de investigación y conlleva "una posible pena de inhabilitación de seis meses a dos años". Flanqueado por Teresa Egerique y Marián García, Pazos tildó de "especialmente vergonzosa" la actitud del alcalde y presidente de la FEMP, cuyo código de buen gobierno exige, recordó "facilitar el control y supervisión de las autoridades internas y externas". El PP advirtió que recurrirá al Valedor o a la vía de lo contencioso administrativo si el PP no recibe del Ayuntamiento el expediente completo del festival de O Marisquiño.
