Desde el Servicio Común de Notificaciones y Embargos evidencian cada vez con más frecuencia la solicitud de intervención de asistentes sociales, tanto de la Xunta como del Concello, en los procedimientos de desahucio contra inquilinos que no pudieron hacer frente al pago de sus rentas mensuales.

Esta situación -de la cual desde la FAVEC se ha hecho eco de dos casos en el último mes- provoca que el expediente de desalojo se aplace en vista de lograr un nuevo hogar para la familia sin ingresos. Y ahora estos plazos se han incrementado de forma notable.

El pasado 18 de diciembre, el BOE publicaba el Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, en el que se introduce un cambio significativo en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 en su artículo 441.1 ter., que permite paralizar hasta un máximo de dos meses el proceso de lanzamiento ante la intervención de los Servicios Sociales. "En el requerimiento de pago se informará al arrendatario de la posibilidad de acudir a los servicios sociales, que podrá actuar, incluso pedir la suspensión del proceso durante un mes o dos, dependiendo si el arrendador es persona física o jurídica", tal y como se recoge en el documento del BOE.