"Vigo no es ajena a los flujos ni a los movimientos migratorios". La fiscal jefe de la ciudad, Susana García-Baquero, pronuncia esta frase para advertir de un fenómeno al alza no solo en la urbe, sino también en el resto de la provincia pontevedresa. Porque los efectos de la problemática que se vive en comunidades como Andalucía, con sus recursos públicos desbordados por el aluvión de menores extranjeros no acompañados que llegan desde sus países de origen principalmente en patera, se están sintiendo también, evidentemente en mucha menor medida, en otros territorios sin esa presión migratoria. La razón es que muchos de esos adolescentes, sobre todo marroquíes, deciden fugarse de los saturados centros en los que inicialmente son acogidos hacia otros lugares donde creen que tendrán más oportunidades. Y desde este pasado verano la Fiscalía ha venido detectando un aumento de menores que llegan a Vigo y otras zonas de la provincia en estas circunstancias. El goteo de casos está siendo continuo, prácticamente semanal.
En cifras totales, el fenómeno en Vigo está a años luz de lo que está ocurriendo en territorios como Andalucía, Levante, Gran Canaria, Madrid o Barcelona. Pero el porcentaje de menores que escapan de los centros que los acogen en primera instancia tras su llegada a España y que acaban a Galicia ha llamado la atención de la Fiscalía. "Evidentemente aquí no existe el problema que se está viendo en otras zonas de España", explica la fiscal jefe viguesa, pero añade que es precisamente el "colapso" existente en esas autonomías recepcionarias de inmigrantes, a nivel de los recursos públicos, lo que explica en parte que Galicia no sea ajena a la problemática. "Esto deriva de las oleadas migratorias y también porque para estos menores las comunidades recepcionarias son consideradas como lugares de paso; están por ejemplo en un centro de Cádiz, y ante el colapso existente allí que no les ofrece esa nueva vida que buscan, se escapan a otros lugares", describe.
Guarda y tutela
Cuando un menor inmigrante en estas circunstancias llega solo, se requiere de la coordinación de numerosas instituciones. "Esto supone un reto para todas ellas; para las comunidades en primer lugar ya que deben asumir la guarda de estos menores desprotegidos; para la Fiscalía de Menores, que debe controlar el buen hacer y la buena gestión de esa guarda y tutela automática; para la Fiscalía de Extranjería, que tiene que arbitrar los medios necesarios para dar respuesta a la determinación de edad de esos chicos; y para la Subdelegación del Gobierno, en lo relativo a la documentación de los mismos, entre otras cuestiones", dice.
Los expedientes de determinación de la edad de estos menores extranjeros no acompañados (MENAS) tramitados en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra por la Fiscalía evidencian el aumento de chicos llegados solos a esta zona. En todo 2017 fueron 11. En 5 de los casos se concluyó que los jóvenes no eran menores, sino mayores de edad -cuando se dicta un decreto de mayoría de edad, y el afectado no puede aportar documentación que acredite lo contrario, se procede a su expulsión del país, lo que no sucede cuando son menores-. En 2018, hasta junio, se contabilizaron dos expedientes más. Pero desde julio y hasta el 31 de diciembre la cifra se disparó, ya que hubo un total de 18. Solo a tres de estos chicos se les hizo la prueba para determinar la edad, ya que el resto ya la tenían fijada "en precario" por fiscalías de lugares donde habían estado antes, criterio que se respetó al coincidir la minoría de edad decretada con su apariencia físico. Estos menores procedían de centros de Andalucía, País Vasco y Cataluña, así como de la zona del Levante.
Cuando se confirma que efectivamente son menores, su situación es por tanto legal en España y se les acoge en un centro.
