El pasado miércoles el gobierno local puso en marcha los trámites para cambiar la catalogación del edificio del antiguo Rectorado de Areal para que Zona Franca traslade su sede institucional al centro y libere 3.600 m2 en Bouzas para ser destinados a empresas. Esta operación fue rechazada por los grupos de la oposición por tratarse de un edificio histórico protegido y no ver claros los beneficios que la ciudad obtendría con este traspaso. Pero los cambios en el Inventario Municipal e Patrimonio Municipal do Solo no son una excepción y en el último mandato se han producido importantes movimientos gracias a la venta de un total de 54 propiedades en manos del gobierno local, la cesión de otras dos gratuitas y, en sentido contrario, la entrada de varias parcelas fruto de nuevos desarrollos urbanísticos o expropiaciones.
En términos globales, fuentes municipales valoran que "se ha ganado patrimonio, puesto que la mayoría de los solares vendidos son irrelevantes desde el punto de vista de la gestión municipal" y ven mucho más potencial a la hora de gestionar directamente el Auditorio Mar de Vigo que en primavera pasó a ser de titularidad municipal tras la quiebra de la concesionaria. Está pendiente de resolver la liquidación de la deuda, pero el recinto cultural, el hotel y el aparcamiento ya son del Concello y la intención es sacar la superficie terciaria y hotelera a la venta puesto que no entra su gestión dentro de los cometidos propios de la administración local, que sí se quedará con la infraestructura cultural.
Ya solo el recinto de Beiramar constituye un cambio fundamental en el patrimonio municipal, pero ha habido otro notable que es la firma de la venta del antiguo hotel Samil a Attica 21, del empresario Manuel Jove, para derribar el vetusto complejo y construir un moderno alojamiento cuatro estrellas superior de menor altura y mejor integrado en el entorno.
Haz click para ampliar el gráfico
El Concello ingresó en estos últimos cuatro años un total de 8,4 millones de euros por la venta de los 40 pisos de Rosalía de Castro registrados tras la legalización de la urbanización en el año 2013 y otras trece parcelas destinadas a actividades económicas o desarrollos residenciales. A esta importante partida habría que sumar los 3,2 millones ingresados por Samil y que en total suman 11,6 millones de euros.
Para industria y vivienda
Una sustancial partida de 303.000 euros se ingresó por la venta de una parcela destinada a uso industrial en San Andrés de Comesaña y otros 831.002 euros proceden de la desafectación de una pequeña finca en la trasera de Plaza Elíptica en la que una cooperativa invierte 2,5 millones en un edificio para 32 viviendas de protección. El Concello también se deshizo por 39.320 euros de una finca de 159 m2 en Camiño Pertegueiras y negoció en 89.600 y 116.001 euros el precio de dos más en la calle Tomada (Navia). Del patrimonio vigués también ha desaparecido una finca en San Roque que se incluirá en el nuevo PERI por 32.416 euros y media docena de solares en las calles Tomada y Pombal por los que se ingresaron alrededor de 300.000 euros. El gobierno local también decidió vender otros dos terrenos en la calle Carrasqueira por 68.254 y 73.111 euros, respectivamente, mientras que se cedieron gratuitamente a la Xunta los solares de Cambeses y Chantada donde la administración autonómica construye ahora dos promociones de vivienda protegida.
En dirección contraria, entraron a formar parte del inventario vigués la parcela expropiada para la ampliación del Ifevi por 18.446 euros, los terrenos en Chouzo por los que el Concello llegó a pagar 2,2 millones de euros y que están sin utilizar al llevarse la Ciudad de la Justicia a Pizarro, y los números 3 y 5 de la calle Redomeira, en Aragón, donde se expropió y derribó una casa en mal estado para ampliar un camino y crear una pequeña plaza. Se adquirieron por compraventa dos parcelas en José Franco Montes por 30.195 y 15.567 euros, otra en Emilia Pardo Bazán para humanizar la antigua carretera provincial y dos casas en rúa Alta 23 y Santiago 39 para incorporar al ámbito de La Panificadora.
El informe de Urbanismo sobre los cambios en el patrimonio municipal incluye como "expropiación en trámite" la del suelo de la antigua fábrica abandonada en 1981 en Falperra. El coste se estima en 12.224.134 euros, a los que se sumaría la rehabilitación de los silos. También en trámite están las expropiaciones para ejecutar la estación intermodal y el desembolso de 428.823 euros para ampliar el paseo fluvial del Lagares.
