Algunos casos se eternizan en los tribunales. Y un claro ejemplo de ello es un juicio que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal 3 de Vigo. El caso llegó a una sala de vistas cuando ya han transcurrido 16 años desde la presunta comisión de los hechos. Un empresario se sentó en el banquillo acusado de "urdir" una "ficción" consistente en simular la adquisición y posterior venta de material de telefonía móvil -con facturas ficticias en un fraude tipo "carrusel"- mediante la cual habría logrado la "devolución indebida y fraudulenta" de algo más de 300.000 euros del IVA de 2002. También compareció como acusada una mujer que constaba como administradora de una de las empresas que se utilizaron en esta supuesta operativa ilegal. El fiscal pedía penas de cárcel en su escrito de calificación provisional.

Las defensas plantearon cuestiones previas, una relacionada con el elevado tiempo de tramitación judicial de la causa. Uno de los abogados alegó concretamente que el caso habría prescrito, al haber estado paralizado al menos 4 años en el juzgado de Instrucción. El fiscal y el abogado del Estado negaron tal caducidad, al argumentar que los hechos ocurrieron en 2002 y la querella se presentó en 2005, cuando aún no habían transcurrido los 3 años. La jueza resolverá esta cuestión en sentencia.

El principal acusado negó los hechos y se declaró inocente en su interrogatorio. La Fiscalía sostiene en su escrito que en 2012, como administrador de una empresa del sector de las comunicaciones, simuló adquirir a tres sociedades "pantalla" constituidas en España, que en realidad "no desarrollaban actividad económica real", material de telefonía móvil. Las compras supuestamente se documentaron con facturas ficticias por valor de más de tres millones de euros, declarando haber soportado una cuota de IVA de 416.000 euros. A continuación, prosigue el Ministerio Público, "fingió vender" esa mercancía con facturas "sin contenido económico real" a una entidad francesa, venta considerada entrega intracomunitaria exenta de IVA, en la que el impuesto se liquida en el país de destino. Según el fiscal, con esta trama habría solicitado a la Hacienda española, en liquidaciones mensuales de IVA durante el 2002, la devolución fraudulenta de 300.359 euros.

También se sentó en el banquillo la administradora de una de las consideradas empresas "pantalla". Los responsables del resto de sociedades están en "ignorado paradero". El fiscal, en su escrito, pedía penas de hasta 3 años y medio de cárcel, multas e indemnizar a la Agencia Tributaria.