18 de diciembre de 2018
18.12.2018

Elena Muñoz afirma que la denuncia contra Caballero por "ocultarle" información ha sido admitida a trámite

Le acusan de no facilitar documentos sobre el accidente de O Marisquiño o la prórroga a Aqualia

18.12.2018 | 12:37

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo ha presentado una querella contra el alcalde, Abel Caballero, por supuesta vulneración de derechos fundamentales, por el "reiterado ocultamiento" de información solicitada por este grupo político.

Así lo ha anunciado en rueda de prensa la portavoz de los 'populares', Elena Muñoz, quien ha asegurado que el juzgado de instrucción número 2 de Vigo ha admitido a trámite la denuncia y ha iniciado las diligencias, citando al secretario municipal como testigo --comparecerá el próximo 26 de febrero--. Un extremo que desmienten desde el gobierno local. El portavoz López Font salía al paso de estas declaraciones para afirmar que lo único que se ha acordado es la apertura de diligencias previas.

La concejal del PP ha recordado que el gobierno municipal, con Caballero a la cabeza, "de forma reiterada se niega a facilitar la información" solicitada por los grupos municipales de la oposición, y les impide cumplir con su labor fiscalizadora, además de vulnerar derechos fundamentales de ediles que representan a miles de vigueses.

Elena Muñoz ha mencionado una treintena de "incumplimientos" del gobierno local a la hora de facilitar "en tiempo y forma" documentación o expedientes requeridos por el PP. Así, ha mencionado la petición de información sobre las analíticas del agua, la "oscura prórroga a Aqualia", el alcance de las obras de Balaídos, la contratación del aparcamiento de Plaza de Portugal, o el expediente de O Marisquiño.

"No nos gusta judicializar la vida política, pero es el único camino que nos ha dejado el alcalde. La democracia se basa en la transparencia, y hay unas obligaciones que hay que cumplir, no se puede usar la mayoría absoluta para pisotear los derechos de los grupos políticos y los vigueses tienen derecho a conocer", ha proclamado Muñoz.

El PP presentó la denuncia el pasado 27 de noviembre, por un supuesto delito recogido en el artículo 542 del Código Penal, que se refiere a actuaciones de una autoridad o funcionario público que, a sabiendas, impide el ejercicio de otros derechos civiles reconocidos por la Constitución y las leyes. La pena asociada a este delito es de inhabilitación para empleo o cargo público entre uno y cuatro años.

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