El aparcamiento robotizado de Cánovas del Castillo tiene, definitivamente, sus días contados. Zona Franca invertirá 1,5 millones de euros en su reforma integral con la intención de reabrir las instalaciones con las características de un parking subterráneo convencional en el plazo de un año. Ese es el calendario que manejan los técnicos teniendo en cuenta que la solicitud de la licencia y la licitación de la obra les consumirá entre cuatro y cinco meses. Los trabajos se ejecutarían a lo largo del verano de 2019 para afrontar la próxima campaña navideña ya operativo.

La importante reestructuración interna y la necesidad de construir rampas que sustituyan a la actual maquinaria supone una merma importante de la capacidad del recinto, que se quedará con un total de 184 plazas para vehículos a las que sumará alrededor de 20 para motocicletas. Otra de las novedades es que el Consorcio ha decidido que asumirá su gestión de forma directa, como ya ocurre con los aparcamientos de Praza da Estrela y A Laxe, en lugar de sacarlo a concesión, opción que se barajó inicialmente tras la decisión del Comité Ejecutivo del pasado abril de reformarlo para incentivar la demanda y mejorar sus resultados.

Las instalaciones tienen un elevadísimo volumen de ocupación de abonados, que ronda el 70% de su capacidad, pero obtiene muy bajos ingresos de las plazas de rotación. Es esta parte la que se pretende reforzar modificando su estructura y habilitando accesos rodados ordinarios a los 90 vehículos que de media podrán aparcar en sus dos plantas, cada una con 3.700 metros cuadrados de superficie construida y sobre 3.300 útiles. Esta es la distribución que consta en el proyecto básico remitido a la Autoridad Portuaria de Vigo para que otorgue permiso de obras por encontrarse en terrenos de su dominio. El delegado estatal, David Regades, prevé que en los próximos días le entreguen el proyecto de ejecución con el que ya se podrá solicitar licencia de obra en la Gerencia de Urbanismo de Vigo.

La entidad tiene la intención de agilizar al máximo los plazos para resolver sus problemas de ocupación y estima entre cuatro y cinco meses el tiempo necesario para completar la licitación de obra, elegir la mejor propuesta y formalizar el contrato. El presupuesto con IVA asciende a 1,5 millones de euros. El plan pasa por reabrirlo a finales de 2019 con los accesos rodados por la misma ubicación que ahora y conexiones verticales para peatones con la zona de la Estación Marítima y por la parte de atrás hacia Montero Ríos.

En la primera planta se reservan un total de seis plazas más amplias y en zonas de fácil maniobra para vehículos de personas con discapacidad y se habilitan hacia la última mitad de este primer nivel los dos carriles para descender al nivel inferior. Dado el elevado número de abonados con plaza fija, por el momento Zona Franca descarta alquilar más espacio y no se plantea la opción de reservar plazas para los socios del Real Club Náutico, que lleva años buscando por la zona espacio para que las personas con amarre en su puerto deportivo puedan dejar el coche y que incluso llegó a entablar conversaciones con el Puerto y el Consorcio durante la anterior etapa para hacerse con la concesión del parking robotizado, una opción que finalmente se ha descartado.

El cambio de modelo obedece a los malos resultados económicos del recinto. Al Consorcio le quedan siete años de derechos de explotación y llegó a plantearse su devolución al Puerto debido a que era "deficitario" casi desde que arrancó su actividad en 1999. En su día el parking automatizado fue toda una novedad en Galicia y casi a nivel nacional, donde solo había una experiencia previa en Barcelona, pero con el tiempo, el costoso mantenimiento y las dificultades para encajar algunos vehículos nuevos se ha revelado poco eficaz. La idea de convertirlo en un estacionamiento convencional llevaba tiempo sobre la mesa del Consorcio, que en el año 2013 encargó un estudio a una empresa especializada para calcular el coste del desmontaje de los elevadores. Ahora que realizará una importante inyección de fondos para actualizar las instalaciones, ha pedido a la Autoridad Portuaria una ampliación del periodo de concesión de 15 años para amortizar esos recursos.