Los transportistas reclamarán en masa en los tribunales por el cobro abusivo de peajes en los tres años que duraron las obras de ampliación del puente de Rande y el perjuicio económico extra que provocaron las retenciones en su actividad profesional. Este colectivo de conductores no podría adherirse a la demanda que contra la concesionaria de la autopista acaba de admitir a trámite el juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pontevedra al formularse "en ejercicio de la acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios". Pero esto no significa que vayan a renunciar a la exigencia de indemnizaciones "porque somos los principales perjudicados", coinciden portavoces de la Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) y la Asociación Empresarial de Mercadorías por Estrada de Galicia (Apetamcor).

Con este objetivo ambas organizaciones han pedido a sus respectivos afiliados toda la documentación que acredite los pagos y consecuencias derivadas de los trabajos en la autopista entre el 27 de febrero de 2015 y el 1 de junio de 2018. Una vez recopilados estos datos decidirán si esperan a la sentencia para presentar su reclamación o se personan antes en el litigio.

La primera reacción ayer de estas asociaciones por la decisión del juzgado de lo Mercantil fue de "satisfacción por el valioso precedente que sienta". En su escrito, el Ministerio Público argumenta que "la entidad concesionaria de la autopista mantuvo invariable el cobro de las tarifas de peaje, y por lo tanto, "exigiendo a los conductores el mismo precio que si la vía estuviese en perfectas condiciones, incluso aplicando las subidas de las tarifas", a pesar de que las obras afectaron "de forma relevante y constante a la fluidez del tráfico" debido a que establecieron "de forma permanente" reducciones "tanto del número de carriles como de los límites de velocidad". Por ello la Fiscalía exige la restitución "de las cantidades cobradas y de indemnización de daños y perjuicios".

En el auto hecho público este miércoles, el Mercantil da dos meses de plazo para que aquellos usuarios que se consideren afectados "hagan valer su derecho o interés individual" personándose en un proceso judicial del que aunque en principio los transportistas están excluidos "no quita que seamos perjudicados y que tengamos derecho a indemnización", sostienen los portavoces de las asociaciones del sector consultadas. Tan claro lo tienen que mucho antes de confirmarse la admisión a trámite de la demanda de Fiscalía ya habían analizado con sus asesores jurídicos las distintas estrategias judiciales a seguir.

De estas consultas con sus abogados surgió la primera decisión: recopilar toda la documentación que acredite la naturaleza. Desde recibos del peaje o registro del dispositivo de pago electrónico hasta datos de tacógrafos, pantallazos del GPS y facturas donde consten posibles cargos de clientes por retrasos en la entrega de mercancía. Una vez finalizada esta fase documental darán el siguiente paso. En principio Fegatramer y Apetamcor se mostraban partidarios de esperar por la sentencia para presentar la reclamación, en cambio ahora no descartan "otras acciones".

Ninguna explica con claridad qué estrategia seguirán. Alberto Vila, coordinador de Apetamcor, avanza que contactarán con Fiscalía "para ver cómo podemos entrar". "Nos consideramos los principales afectados como servicio público que somos. Así que no nos cerramos a ninguna vía. De un modo u otro reclamaremos. Porque en nuestro caso es mucho lo que está en juego, un pastizal", dice al tiempo que reconoce la imposibilidad de cuantificar, por el momento, el perjuicio económico causado por las obras a sus afiliados.

Precisamente esta cifra podría conocerse una vez los conductores acaben de presentar todos esos recibos y facturas. "En cualquier caso será bastante dinero", afirma Carlos García Cumplido. El secretario general de Fegatramer también aclara que si bien la demanda está destinada exclusivamente a los consumidores y usuarios "en función de cómo la Fiscalía desarrolle la práctica de la prueba de la demanda conjunta, decidiremos si esperamos o no a la sentencia para personas".

Este portavoz, al igual que el de Apetancor, subraya que "no renunciaremos a nada; faltaría más después de soportar los peajes más caros de España". Recuerda que en su día exigieron a la concesionaria que rebajase el canon o levantase las barreras "y Audasa se negó porque lo quiere todo". "Así que de ningún modo perdonaremos este doble perjuicio sufrido en esos años de obras", avisa.