Disputa territorial entre los municipios de Vigo y Mos. La relación entre Abel Caballero y Nidia Arévalo, tensa ya a cuenta de la suspensión del área metropolitana, la ley de transporte autonómica o la ciudad deportiva del Celta, alcanza una nueva cima tras la propuesta de deslinde que el municipio gobernado por el PP impulsó en el mes de junio para rectificar la delimitación geográfica del polígono industrial del Rebullón. La modificación les permitiría recuperar la propiedad de 50.000 metros cuadrados de terreno que según el Instituto Geográfico Español, dependiente del Ministerio de Fomento, pertenecen desde los años cuarenta a la urbe olívica. El alcalde de la ciudad denunció ayer públicamente el intento de Mos de "mover los mojones" y "anexionarse" esta franja limítrofe de suelo que históricamente ha estado en un limbo legal y que mantiene en situación de incertidumbre a casi una treintena de empresas que pagan sus impuestos en un sitio pese a pertenecer oficialmente a otro.

"Es una manifiesta ilegalidad y las formas unilaterales son casi medievales. La competencia no es de los ayuntamientos. Vamos a notificarles nuestra oposición y a ponernos en contacto con el Instituto Geográfico Español para comunicarles este intento de vulneración de los lindes", avanzó Caballero ayer respecto a un trámite iniciado en el mes de junio a instancia de Mos y a través de una comisión de deslinde cuya misión teórica es llegar a un acuerdo entre las partes pero para la cual Vigo no nombró representantes al no reconocer el procedimiento.

Vigo mantiene que esos terrenos ocupados actualmente por naves en las inmediaciones de Puxeiros son suyos desde el deslinde municipal aprobado en el año 1941 mientras que el municipio vecino pretende que prevalezca el límite histórico fijado en 1890 y que identifica con el número 14 un mojón intermedio que situaría ese suelo dentro de los límites de Mos "en correspondencia con el deslinde de 1926 refrendado por ambas corporaciones". Se da la circunstancia además de que las naves tienen licencia de actividad en ese ayuntamiento y desde la aprobación del Plan Xeral de Mos de 2017 que las "devolvía" teóricamente a Vigo se encuentran fuera de ordenación.

El principal problema ya no es solo a dónde pertenezcan esas actividades empresariales y dónde pagan sus impuestos, sino el hecho de que Mos las contempla como suelo industrial, pero el planeamiento vigués de 1993 actualmente en vigor lo clasifica como suelo rústico de protección forestal y no les ofrecería cobertura urbanística. Esta situación se intentó corregir con el PXOM de 2008 ahora anulado al reflejarlo como suelo urbano consolidado de uso industrial. Fuentes municipales apuntan a que en la redacción del nuevo plan se mantendrá este uso para resolver la cuestión. "Sobre esas fincas solo el Concello de Vigo puede actuar y si otra administración lo hace estaría cometiendo una ilegalidad", subrayan desde Praza do Rei al tiempo que señalan que el deslinde de 1941 que defienden fue revisado y confirmado en el año 2000 y que la propia Xunta advirtió al equipo de Arévalo de que el único criterio válido es el del organismo estatal que depende del de Fomento.

Fue la denuncia de un particular que se quedaba en terreno vigués tras la aprobación del PXOM de 2017 la que animó al equipo de gobierno de Mos a iniciar el trámite administrativo para esclarecer la situación al tiempo que se reprocha al regidor de Vigo que "se dedique a mentir en una pataleta política motivada por su incapacidad y nefasta gestión en otras cuestiones", en lugar de haber convocado una comisión de deslinde para aclarar la ubicación de las parcelas. "Nadie se está intentando apropiar de nada. Queremos esclarecer si son de Mos, como está demostrado históricamente, o de Vigo. No hay apropiación, ni anexión ni mucho menos ilegalidad", defendió ayer Arévalo en respuesta a Caballero. La regidora popular insistió en que "no se puede mentir sobre un concello vecino. Es algo gravísimo", advirtió tras escuchar las declaraciones del alcalde socialista.