Concello y Universidad decidirán de forma conjunta en qué actividades revierten los 600.000 euros anuales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que la institución académica debe abonar por los terrenos y edificios de su propiedad en Vigo. El alcalde avanzó el futuro convenio, que tiene la intención de traducir en becas de comedor e inglés para los alumnos, tras mantener su segundo encuentro con el rector Manuel Reigosa en Praza do Rei. "Estamos en una época nueva, de una gran relación y tantos y tantos acuerdos que tenemos que hacer", destacó Caballero.

La Universidad, que sí está exenta de este tributo en Pontevedra y Ourense, presentó un recurso en el Tribunal Supremo, aún sin resolver, contra la sentencia del TSXG que le obliga a abonar el IBI al Concello vigués. Y mientras el proceso continúa abierto en los juzgados, el pleno de la corporación ha debatido la cuestión en varias ocasiones y el PP vigués ha reclamado sin éxito la condonación del pago o una bonificación del 95%.

Poco antes de su despedida como rector, Caballero llegó a un acuerdo con Salustiano Mato para revertir los 60.000 euros del IBI en becas para los alumnos que cursan estudios en el campus vigués. Pero estas intenciones no llegaron a concretarse.

Las relaciones con el nuevo rector, cuyo mandato Caballero calificó de "muy esperanzador" tras mantener su primer encuentro el pasado junio, parecen ser más fluidas y podrían contribuir a resolver de forma definitiva las diferencias entre ambas instituciones derivadas del pago del IBI. El propio rector ya avanzó en el Claustro de la semana pasada que el acuerdo era inminente.

En el recurso presentado ante el Supremo, la UVigo aduce que tanto el Concello como el juzgado vigués de lo Contencioso realizan una interpretación "inadecuada" de la norma y sostiene que las universidades públicas tienen derecho a la esención del tributo.

Por otra parte, el Consello de Goberno aprobará en su sesión de hoy los presupuestos para el año 2019, los más altos en la historia de la Universidad, que ascenderán a 182,5 millones de euros, así como el techo de gasto. El orden del día también incluye una oferta de empleo público para el personal de administración y servicios.