Un presunto impago reiterado y el traspaso de una vivienda para evitar posibles embargos. Es la tesis que sostiene la Fiscalía en su escrito provisional contra un padre divorciado acusado de no abonar a su hija menor la pensión mensual de 650 euros. El Ministerio Público pide que sea condenado a 3 años y 10 meses de cárcel y multa de 5.400 euros por la presunta autoría de delitos de abandono de familia y alzamiento de bienes. Y acusa también por este último delito a la que era su pareja en 2013, instando 3 años de prisión e idéntica multa.

El divorcio con la madre de la menor fue en 2007. La pensión a la hija se fijó inicialmente en 400 euros, pero acabó subiendo hasta 650. El fiscal sostiene que el acusado, pese a tener trabajo, "trató casi desde el principio de aparentar un empeoramiento de su capacidad económica", intentando por la vía judicial bajar la pensión sin lograrlo. Además, dice que en 2013, "para evitar tener bienes a su nombre", traspasó a su entonces pareja la casa donde residían con sus dos hijos, adquirida por ambos por 230.000 euros.

Junto a la pena de cárcel, el fiscal pide que abone 650 euros por cada uno de los meses no abonados desde febrero de 2015, descontando 16.734 euros que ya entregó en 2017. Solicita la nulidad de la escritura del traspaso de la vivienda. El juicio iba a ser ayer y se aplazó.