Los proyectos deportivos y comerciales del Real Club Celta en Mos ocasionan un nuevo enfrentamiento entre los grupos municipales. PSOE y Marea de Vigo aprobaron ayer una moción instando a la Xunta a eliminar la nueva figura de los proyectos públicos de "interés autonómico" que capacita a la administración gallega para expropiar los terrenos que la sociedad deportiva no es capaz de adquirir a los comuneros y ponerlos luego en manos de "promotores amigos" para desarrollar cualquier actividad económica dejando a los concellos sin margen de maniobra ni capacidad de veto. Las dos formaciones coincidieron en que el anteproyecto de la Lei de Ordenación do Territorio que se está tramitando "lesiona la autonomía local" y supone un riesgo para la protección del medio ambiente al dejar en manos de intereses privados la explotación del suelo sin necesidad de que las actuaciones sean declaradas urgentes o de interés público. Por el contrario, el PP responsabilizó directamente al Concello de Vigo de la imposibilidad de acometer esas inversiones en la ciudad al carecer de Plan Xeral y haber incumplido los compromisos adquiridos con el presidente del club respecto a los campos de entrenamiento y el estadio municipal de Balaídos.

El Celta es un tema sensible y la moción socialista encendió enseguida los ánimos de ambas bancadas. La concejala de Urbanismo, María José Caride, defendió las alegaciones presentadas por el gobierno local a la nueva normativa y los riesgos que supone autorizar libremente desde la Xunta proyectos que no están en ningún plan sectorial y al margen de los planeamientos municipales. Arrancó comedida, pero acabó tildando el cambio de "escándalo" con el propósito de poner suelo en manos de "sociedades y promotores a dedo sin concurso público".

La responsable del Urbanismo local aprovechó para reiterar que en Vigo hay terrenos suficientes para acometer una ciudad deportiva para el club, pero que no era viable "realizar un centro comercial en suelo rústico. No se puede y el Celta lo sabe", insistió Caride, que logró el respaldo de Marea ante el temor de que esta ley ofrezca vía libre a que "empresas privadas expolien el terreno sin control municipal". El edil Xosé L. Jácome puso como ejemplos la posibilidad de que con esta modificación salgan adelante proyectos ya rechazados como el de Toysal, en Teo, o la mina de Touro.

El PP votó en contra por considerar una "irresponsabilidad" y una "desfachatez" que Vigo se oponga a actuaciones previstas en su entorno. El edil Miguel Fidalgo acusó directamente al gobierno vigués de "echar" al equipo celeste de la ciudad por los compromisos incumplidos con la concesión del estadio y la negativa a otorgarle licencia en distintas ubicaciones. "Hasta que los echaron no pararon y ahora les mantienen el boicot allá donde se vayan. Preocúpense menos de paralizar proyectos que no repercuten en los vigueses y céntrense en redactar un nuevo PXOM para que la ciudad avance", instó el edil de la oposición, que alertó de la "huida" masiva de empresas hacia municipios del entorno con impuestos más baratos y suelo industrial disponible.

También en materia urbanística el enfrentamiento llegó de la mano de la paralización del pabellón de Matamá y las obras de acceso al colegio Párroco Don Camilo. El PP pedía al Concello que habilite presupuesto y tramite ambas actuaciones a través de una modificación del planeamiento en lugar de recurrir a la denominada "ley exprés" que le fue denegada por la Xunta. El PSOE rechazó esta vía por considerarla un retraso y tiene la negativa a aplicar la Lei 3/2016 recurrida en los juzgados de lo contencioso-administrativo. La portavoz popular Elena Muñoz aprovechó esta moción para denunciar el "nulo interés" del gobierno local en las parroquias al no atender una demanda como el pabellón demandada desde hace 25 años. "Todos los esfuerzos van al centro de la ciudad", criticó la edil viguesa mientras el portavoz de Marea cuestionaba la "arbitrariedad" en la aplicación de esta normativa pensada para proyectos de excepcional interés público.

En la misma sesión, socialistas y Marea se aliaron también para reclamar a la Xunta una partida de 4 millones de euros para reformar viales de competencia autonómica como la avenida de Castrelos, Ricardo Mella, avenida de Galicia o la carretera Camposancos. El PP no apoyó la petición al entender que obedece en exclusiva a la proximidad de las elecciones municipales.