"Mi casa no es mi cárcel". Bajo este lema, la miembros de la confederación galega de persoas con discapacidade (Cogami) se concentraron frente al Museo MARCO -y en otras 37 ciudades más- para representar y escenificar lo que muchos usuarios sufren a diario: sentirse "presos" en sus propias viviendas. La falta de accesibilidad en múltiples edificios provoca "que no podamos salir de nuestras casas obligándonos a permanecer encerrados en contra de nuestra voluntad", lamentaba ayer uno de los afectados.
Para poner fin a esta situación reclaman una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que sea obligatorio realizar todas las reformas de accesibilidad en los bloques y zonas comunes. "Un edificio accesible es un edificio para todos", rezaba el manifiesto que leyeron varias de estas personas discapacitadas que sufren a diario la presencia de barreras en sus propias comunidades. Abogan por eliminar la actual limitación económica de "12 mensualidades de gastos comunitarios" para que sea "obligatorio" realizar reformas de accesibilidad de la misma forma que se llevan a cabo otras obras de tipo estructural o de seguridad.
Y es que si la derrama, por ejemplo para la instalación de un ascensor o las obras para la adecuación de uno, superan las 12 cuotas o mensualidades, esta reforma ya no tendría carácter obligatorio y los propietarios podrían decidir en junta si llevarla a cabo o no.
De igual modo, Cogami reivindicó también la necesidad de "agilizar" los trámites legales y administrativos para llevar a cabo cualquier tipo de adecuación en estos edificios. "Esta problemática no solo afecta a personas con discapacidad física sino también a las que sufren patologías cardíacas o médicas", sostiene el colectivo.
Esta acción queda enmarcada dentro del proyecto Arrestópolis, que defiende que para vivir con autonomía y plena participación social es imprescindible la libertad de movimientos.
Reformas integrales
Entre las propuestas realizadas figura que se prioricen las reformas integrales y la instalación de ascensores o rampas "siempre que sea posible" en vez de optar por aquellas actuaciones que faciliten la movilidad pero que requieren de más movimientos o la intervención de terceras personas como puede ser un elevador o un salvaescaleras. Piden así la colaboración "de todos los actores implicados" para encontrar la mejor solución para cada situación.
Recuerdan además que invertir en accesibilidad es "justo y beneficio" para todos, ya que "nadie sabe si en algún momento de su vida va a necesitar estas adaptaciones". "Todas estas problemáticas solo nos dejan una opción, que es cambiar de residencia. Y nosotros decimos que no podemos consentir que poder entrar o salir de un domicilio dependa de si la persona afectada o su familia tienen recursos económicos suficientes o tienen que endeudarse para cambiar de domicilio", denuncian en el manifiesto leído en el día de ayer.
