Los trabajadores de la zona azul de Vigo, que llevan ya 82 días de huelga por el despido de ocho empleados, acusaron ayer al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y al concejal de Movilidad, Carlos López Font, de bloquear la solución a su conflicto y de "engañarlos". El portavoz del colectivo de trabajadores del servicio de gestión del estacionamiento regulado de Vigo (XER), Carlos Landín, recordó que fue el gobierno local el que les propuso la intervención del servicio como medida provisional mientras no se resolvía el expediente que el Concello abrió a Dornier, la empresa concesionaria, por incumplimiento del contrato. "Fue idea de ellos, no de la oposición", aseguró. Su aparición ayer en rueda de prensa fue como respuesta a las declaraciones del alcalde sobre la ilegalidad de la medida.
Según Landín, el Concello les prometió que la intervención municipal del servicio sería aprobada el 15 de noviembre, algo que finalmente no se produjo. Los empleados de la zona azul hicieron público hicieron público un informe municipal en el que se propone ordenar la inmediata intervención del servicio, declarando la "situación de emergencia por una perturbación grave". El portavoz de los trabajadores exigió al alcalde que "deje de esconderse", y que si alguno de los seis trabajadores que han iniciado una huelga de hambre esta semana tiene problemas de salud, "será su responsabilidad".
El alcalde, Abel Caballero, insistió ayer en que el expediente abierto a Dornier está en tramitación y que el gobierno local actuará conforme le digan los técnicos y siempre amparándose en la legalidad. No obstante, prefiere no marcarse un plazo para resolver el expediente, y volvió a resaltar que la posibilidad de intervenir el servicio, que según él proponen PP y Marea, "es claramente una ilegalidad" y favorecería a la empresa, pues "ganaría" si presentase un recurso.
El grupo Marea de Vigo, por su parte, amenazó con denunciar ante los tribunales el proceso de adjudicación del servicio de la zona azul. Su portavoz, Rubén Pérez, repitió los argumentos de los trabajadores, al asegurar que la fórmula de intervención del servicio, nombrando a un funcionario para hacerse cargo del mismo mientras no se resuelva el contrato, fue propuesta por el gobierno local, no por la oposición. "No se puede intervenir una sociedad mercantil, pero sí se puede rescindir el contrato y rescatar la concesión. Es una decisión política, no hay más. Que les digan a los trabajadores cuál es el problema", solicitó Rubén Pérez, que añadió que "es un acto de bocachanclismo culpar a PP y Marea de una situación que deriva de una decisión del gobierno local".
La portavoz del PP, Elena Muñoz, comparte la opinión del líder municipal de Marea al tildar de "vergonzosas" las declaraciones del alcalde culpando a la oposición de proponer una intervención del servicio que sería ilegal. "Aquí la que no cumple con la legalidad es la empresa", y solicitó a Abel Caballero que tome medidas contra la concesionaria.
