Los miembros de las carreras judicial y fiscal, poco dados a medidas de presión, protagonizaron ayer a nivel nacional su segunda huelga en un solo año. Y la quinta en toda la democracia, tras las de 2009 y 2013. Un paro que en Vigo tuvo amplio seguimiento entre los magistrados, al secundarlo una treintena de jueces de los 47 de la ciudad, es decir, casi el 70%. La participación fue más baja entre los fiscales ya que, según fuentes oficiales de la Fiscalía en base a datos que aún eran provisionales, se unieron 3 de los 27 profesionales de la urbe. Otras fuentes elevaban esta cifra. La huelga tuvo impacto en la actividad judicial, al ser la causa de la suspensión de casi 35 juicios y de algo más de una decena de tomas de declaración a investigados y testigos. Unos aplazamientos que en algunos casos dejaron en evidencia la alta carga de trabajo de los tribunales vigueses. Y es que gran parte de las 15 vistas que suspendió el juzgado de refuerzo laboral no podrán celebrarse antes del próximo verano: se señalaron para el 24 de junio de 2019.

Más de una quincena de los participantes en el paro se unieron a la concentración ante el nuevo edificio judicial, donde el juez decano de Vigo, Germán Serrano, y el fiscal José Ramón García Palacios leyeron un comunicado en el que calificaron de "insostenible" la situación de las carreras a las que pertenecen. La fiscal jefe, Susana García Baquero, no pudo asistir ya que está en el juicio de Pontevedra contra los Miguelianos, incluido en los servicios mínimos al ser causa con preso.

Junto a la defensa de la independencia judicial, las principales reivindicaciones son más medios materiales para dar una "adecuada respuesta" a los ciudadanos, la derogación del artículo legal que impuso los plazos en las instrucciones judiciales, cargas de trabajo "saludables", más jueces y fiscales, así como retribuciones y condiciones laborales y profesionales "dignas". Éstas y otras "poderosas razones", incidieron en esa concentración, son las que les han llevado a mantener las movilizaciones en la que también se encuadró la otra huelga de una jornada que realizaron el pasado 22 de mayo. El reciente pacto entre partidos políticos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estuvo muy presente y también explica el enorme malestar de jueces y fiscales, que señalaron que ésta es una ocasión "idónea" para salir en defensa de "una absoluta separación de poderes" y un CGPJ "realmente independiente".

La alta participación de los magistrados en el paro se dejó notar en la rutina judicial. Y no afectó más ya que los lunes es uno de los días de la semana en que menos juicios se señalan. Secundaron la huelga unos 30 jueces de casi todas las jurisdicciones, como civil, penal o laboral. El seguimiento fue también alto en las dos secciones de la Audiencia. Hubo que suspender más de diez interrogatorios y al menos 34 juicios: cinco civiles, siete de delitos leves en Instrucción -donde sí se celebraron las vistas rápidas al ser materia urgente-, otro en Violencia sobre la Mujer -secundó el paro el fiscal asignado a esta sala- y 21 en dos tribunales de lo Social. En uno de ellos estas vistas se aplazaron para diciembre o enero, pero en el otro, el de refuerzo, la falta de huecos en la agenda obligó a dejar la mayoría para marzo y junio de 2019. "Esto causa perjuicios; además del aplazamiento hasta 2019, hubo testigos que tuvieron que venir desde A Coruña", comentaba una letrada mientras abandonaba el juzgado con la nueva fecha del procedimiento.

Los servicios mínimos, entre ellos la actividad del juzgado de guardia, se cumplieron. Con respecto a la huelga de mayo, la participación fue ayer algo menor, ya que aquel día pararon 35 jueces y 13 fiscales.