La vigilancia del Puerto de Vigo sobre la negociación abierta entre empresas estibadoras y sindicatos tanto a nivel nacional como local tiene como principal motivación velar por que el decreto aprobado hace más de un año en el Congreso liberalice por completo el sector -"y no acabe propiciando una liberalización descafeinada"- de manera que se traduzca en esa rebaja de costes que "Vigo necesita como el comer". Con este resumen el presidente Enrique López Veiga celebra la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionando a la patronal nacional de la compañías estibadoras (Anesco) y sindicatos con siete millones de euros en total por pactar la subrogación por convenio, por tanto, obligatoria, de los estibadores. "Ya advertí en su día que la subrogación forzosa era contraria a la Ley de Defensa de la Competencia", recalca apuntando así al principal argumento de la multa de la CNMC.
Como informó ayer FARO, la propuesta de sanción del regulador contra Anesco y las principales fuerzas sindicales del sector se produce al año de la investigación que abrió a raíz de una denuncia de la Autoridad Portuaria de Vigo. El acuerdo firmado por los sancionados en julio de 2017 permitió desconvocar las huelgas en los muelles después de que Anesco aceptase incluir la principal exigencia sindical, la subrogación. De esta forma, los estibadores se garantizaban los puestos de trabajo al finalizar el periodo transitorio de tres años que marca el decreto liberalizador para adaptar la situación desde el actual monopolio hasta el libre establecimiento de empresas en los muelles. Sin embargo, la CNMC considera que un acuerdo con esta condición es incompatible con la Ley de Defensa de la Competencia, entre otras razones porque restringe la libertad de contratación de trabajadores para la prestación del servicio portuario, ya que obligaría a echar mano de los mismos actuales con salarios bastante más altos.
Para Enrique López Veiga, con este dictamen el regulador "demuestra su total independencia" y "brinda un buen servicio a España". De lo contrario, asegura el presidente, "si la subrogación forzosa por convenio llegase a prosperar en la negociación expondría a España a una nueva multa de la Unión Europea por reincidente". "Porque Bruselas lo vería como una maniobra para evitar el cumplimiento de la sentencia de 2014 que condenó a nuestro país por permitir el actual monopolio", razona.
En su opinión, patronal y sindicatos han perdido un tiempo muy valioso en la negociación de un acuerdo "abocado al fracaso" y culpa de ello al actual Gobierno socialista por alentar cuando estaba en la oposición "falsas expectativas a los estibadores". "Cualquier asesor mínimamente preparado sabe que un acuerdo de tipo laboral no está exento de cumplir la Ley de Defensa de la Competencia", sostiene. La subrogación, añade, no puede imponerse por convenio ni por un decreto ley. "Solo se podría negociar esto a nivel local e individualmente con cada empresa. Como ocurre en otros sectores", argumenta.
Veiga intuye que la tardanza del Gobierno en presentar el decreto reglamentario, el que falta para concretar cómo se lleva a la práctica la reconversión del sector desde el monopolio a la liberalización, se debe a que está consultándolo con Bruselas. "E igual a Bruselas no le convence como está llevando España el caso de la estiba. Así que convendría que se anduviesen con cuidado", alerta.
En cualquier caso avanza que el Puerto de Vigo "estará muy atento al proceso". De hecho advierte que las dos denuncias que presentó ante la CNMC -esta contra la patronal nacional y sindicatos, y la anterior, contra los accionistas de la Sagep de Vigo y el Comité de Empresa, multados con 3,4 millones- "no serán las últimas". Recalca Veiga que su deber "es defender los intereses del Puerto de Vigo, y el puerto de Vigo no aguanta el sistema tradicional de la Estiba, así que lo que pretendo es conseguir lo que ordena el decreto: unos muelles abiertos a la competencia". Y añade: "Y por tanto más baratos para las navieras".
Entretanto, Anesco y los sindicatos multados, que todavía disponen de 15 días para presentar alegaciones ante la CNMC, seguían ayer sin pronunciarse sobre esta resolución. Solo Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritaria, expresó una breve discrepancia por Twitter al calificar de "incomprensible" el fallo.
