El expediente sancionador de la CNMC a Anesco y sindicatos por acordar la subrogación tiene su origen en la denuncia de la Autoridad Portuaria de Vigo ante la Dirección General de Movilidad y Transportes de la Comisión Europea (DG Move). Este estamento comunitario delegó el cometido en la Comisión Nacional, adonde en fechas previas al inicio de su investigación, noviembre de 2017, ya se habían dirigido empresas del sector instándole al escrutar el polémico pacto.
Aunque el presidente del Puerto de Vigo no tiene ningún reparo en erigirse en el primer instigador de esta nueva resolución. Veiga llegó a tildar en rueda de prensa de "ilegal, contraria al derecho comunitario", imponer la subrogación, por lo que se sentía "obligado" a denunciarlo. Y con esta ya van dos veces que Competencia le da la razón. Por la anterior denuncia contra los acuerdos en la estiba local, empresas viguesas y estibadores fueron multados con 3,4 millones.
