Un cambio legal expone a Audasa a multas de 300.000 euros si comete una negligencia grave

A partir de ahora las empresas como Audasa, o cualquiera otra que gestiona viales similares, puedan ser multadas con hasta 300.000 euros si se demuestra que han actuado de forma "negligente" y causado "un perjuicio significativo" a los conductores. Para hacerlo posible el Ejecutivo ha introducido ese supuesto en la Ley de 2015 como una nueva "infracción muy grave", la falta máxima contemplada en la normativa y que acarrea sanciones que oscilan entre los 15.000 y 300.000 euros. En el caso de que la empresa persista se enfrentaría además a multas coercitivas.

Hasta ahora la ley solo encuadraba en esa categoría infracciones como construir sin licencia en las autopistas, deteriorar los viales y su equipamiento, modificar los accesos sin autorización o instalar letreros publicitarios o luminosos prohibidos y que pudieran comprometer la seguridad del tráfico. Solo en el capítulo de "infracciones graves", que son aquellas sancionadas con entre 3.000 y 15.000 euros, se describían hechos parecidos a los que ahora el Gobierno quiere castigar con las máximas multas, aunque la normativa era poco clara y se refería únicamente a "negligencias en la prestación de servicios o el cumplimiento de las tareas de explotación" de la autopista.

A la espera de que el BOE lo oficialice, Fomento avanzaba ayer en un comunicado que el cambio busca sancionar "la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando estas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios". El caso más flagrante ocurrió en enero de 2017, cuando una nevada bloqueó a miles de conductores en la AP-6 entre Ávila, Segovia y Madrid. Debido a cómo estaba redactada la normativa hasta ahora la concesionaria, Abertis, se enfrentaba a una sanción que no pasaba de 31.200 euros.

En la AP-9 las deficiencias en la prestación del servicio también son frecuentes. De hecho diferentes instituciones públicas han actuado de oficio al considerar perjudicados los intereses de los conductores. La Valedora do Pobo decidió abrir una queja de oficio en 2017 y otra hace varios meses ante los "reiterados atascos" en la autopista. En mayo la Fiscalía de Pontevedra anunciaba también que iniciaba diligencias por el "deficiente funcionamiento de la AP-9 en Rande". Hace poco -a finales de septiembre- trascendía su intención de llevar a Audasa a los tribunales para que indemnice a todos aquellos conductores que puedan acreditar haberse visto perjudicados por los frecuentes atascos en el viaducto.

Tras las reiteradas quejas de los conductores particulares y transportistas profesionales, la Valedora do Pobo incluso defendió que lo "lógico" es que no se cobre a los conductores atrapados en los embotellamientos. "Las barreras de los peajes se deben levantar en los casos de retenciones importantes. El servicio de una autopista de pago tiene que ser óptimo de forma permanente", alegaba Milagros Otero. Alcaldes del área, partidos y colectivos empresariales censuraron también el mal servicio que se prestaba en el acceso de la AP-9.

En las inmediaciones de Rande los colapsos se repitieron durante meses -la Fiscalía investigó 39- a raíz de las obras en el viaducto. Aunque el Gobierno inauguró la ampliación del puente en diciembre de 2017, los operarios siguen trabajando todavía en la estructura y se mantienen los cortes de carriles por las noches. Hasta mayo, sin embargo, las obras se realizaban también durante el día, lo que ocasionaba frecuentes y kilométricas retenciones. Aún hoy forman parte habitual de la AP-9 en Vigo. La autopista colapsó en octubre, durante la feria Conxemar, y lo hizo hace solo unos días tras registrarse un accidente en el túnel de A Madroa.

Fomento también confirmó ayer que la AP-1, la autopista Burgos-Armiñón, pasará a ser gratuita a finales de este mes, cuando venza su concesión con el grupo Itínere. El gravamen de la AP-9 entre Vigo y Redondela, que debía eliminarse hace tres meses, sigue sin fecha.