La sombra de la inseguridad jurídica sobrevuela la Plisan casi desde su concepción. Sin ir más lejos, hace apenas ocho años otra sentencia del Supremo anulaba el plan sectorial del Puerto Seco y pese a las gestiones contrarreloj de sus promotores -Xunta, Zona Franca y Puerto- para legalizar el desarrollo del mayor polígono empresarial de Galicia se perdía una oportunidad histórica para transformar la industria automovilística viguesa: el desembarco en Salvaterra-As Neves del consorcio nipón Lithium Energy Japan, una joint venture de los gigantes japoneses GS Yuasa y Mitsubishi, que había solicitado más de 200.000 metros cuadrados de terreno para instalar la que sería su primera megaplanta de baterías para vehículos eléctricos en Europa. Hoy, como entonces, las dudas sobre la seguridad jurídica de algo más de 4 millones de metros cuadrados de suelo continúan. Y los empresarios temen que esta situación pueda volver a malograr inversiones como la proyectada por los dueños de Albo, que ya manifestaron su interés por hacerse con 70.000 m2 en el polígono para una planta conservera.
Con GS Yuasa-Mitsubishi, Vigo perdió más de 500 millones de euros de inversión, con la previsión de crear algo más de 2.000 puestos de trabajo directos, y el tren de las fábricas de baterías de ion-litio para coches eléctricos e híbridos, carrera que sí aprovecharon tras el fiasco de la Plisan otros países como Hungría (en su caso, con Samsung), Polonia (con LG) o Alemania (BMZ GmbH). La apuesta de Lithium Energy Japan era firme, hasta tal punto de que el presidente de Mitsubishi incluso había visitado la planta del Grupo PSA en Balaídos para hablar del proyecto y de las versiones eléctricas de la anterior generación de furgonetas Berlingo y Partner, cuyas baterías y sistemas motopropulsores continúan importándose de Japón.
La legalización de los terrenos no llegó a tiempo, y la Xunta, para no perder la oportunidad, llegó a plantear a los inversores japoneses otras opciones como Porto do Molle, Tui (polígono sin desarrollar) o terrenos portuarios, pero que no se adaptaban a las necesidades de la planta. La demora en el blindaje jurídico primero -que ahora se confirma que todavía no está resuelto- y el catastrófico tsunami que asoló japón en 2011, paralizando durante un tiempo las inversiones niponas en el exterior para contribuir a la recuperación de la industria del país, acabaron por enterrar este codiciado proyecto en el que el área de Vigo se había impuesto en una puja internacional a una región austriaca.
Esta situación podría volver a repetirse, según los empresarios. El presidente de la patronal de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, alerta de que la inseguridad jurídica amenaza con frenar o frustrar inversiones como la de Albo (Shanghai Kaichuang), que quiere construir una planta de procesado de pescado en el Puerto Seco. "Ya se nos fue la fábrica de baterías, ahora le puede tocar a alguna empresa conservera, y así seguimos años", lamenta Cebreiros, que ve un "sinsentido" la sentencia del Supremo y afirma que "después nos sorprendemos que las inversiones se vayan a otros lugares". "Es otro claro ejemplo de la inseguridad jurídica en este país, donde un juzgado o tribunal puede mantener un criterio diferente a lo normalmente aplicado, y puede dejar en suspenso o echar por tierra inversiones tan estratégicas como la Plisan o un plan de ordenación de una ciudad", critica.
Los promotores del Puerto Seco confían hoy, como hace ocho años, en resolver cuanto antes las dudas sobre esta nueva sentencia del Supremo que ha bloqueado la oferta de terreno cuando apenas faltan unos meses para iniciar su comercialización, y que considera suelo de dominio público la parte del polígono que promueve el Puerto vigués. El Puerto, la Consellería de Vivenda y la Zona Franca ya están trabajando en una solución que pasaría por formalizar una adenda al convenio suscrito entre las partes para que los terrenos de la Autoridad Portuaria de Vigo dejen de formar parte del condominio de la Plisan, y por tanto, se puedan comercializar las parcelas de la zona logístico-empresarial -la idea es que los primeros 100.000 m2 salgan a la venta el próximo marzo-.
El Puerto, como avanzó este periódico, ya remitió a Puertos del Estado el expediente de desafectación para su tramitación, para cumplir así con el fallo y con el objetivo de que estos terrenos vuelvan al condominio una vez desafectados. Fuentes de la Xunta explicaron que ahora es necesario que el Ministerio de Fomento agilice la firma de la citada adenda al convenio para que el suelo se pueda comercializar lo antes posible y se siga avanzando con el desarrollo del proyecto, para lo que ya envió una misiva al departamento que dirige José Luis Ábalos el 26 de octubre.
