La plataforma antidesahucios de Vigo trata de frenar, o al menos aplazar, el desalojo de su vivienda de una madre con tres hijos menores de edad programado para este miércoles.

Este drama tiene nombres propios, los de Elizabeth, una venezolana hija de emigrantes españoles que se instaló en Galicia hace cuatro años; de sus dos niñas, de 15 y 13 años, y de su niño, de 10 años, cuyos ingresos mensuales ascienden a 500 euros de la prestación por desempleo de la madre de familia.

El piso en el que viven ha pasado a ser propiedad del fondo de inversión Cerberus, que recientemente adquirió el 80% de la cartera inmobiliaria del BBVA. Fue esta entidad bancaria, a través de su unidad de gestión inmobiliaria, Anida, la que litigó contra el propietario de este piso y de otros diez de un mismo edificio, ubicado en el 150 de la calle Aragón, en Vigo.

Ahora Cerberus, a través de Divarian, la sociedad a la que fue traspasado el negocio inmobiliario adquirido al BBVA, exige que se ejecute el desalojo, detalla a Efe Carlota Pérez, de Stop Desahucios en Vigo.

Elizabeth y su familia llevan viviendo desde hace dos años y medio en el piso del que van a ser desalojados, y en todo este tiempo no han dejado de pagar el alquiler, aunque en negro: primero 500 euros, y luego, cuando tuvo que cerrar la cafetería que regentaba, 300 euros.

Y es que el propietario del piso, indica la afectada, le cobraba a ella y al resto de inquilinos en metálico en el portal del edificio. Elizabeth narra a Efe que el casero no le hizo contrato porque tenía éste y los otros pisos hipotecados y le comentó que quizá algún día se los podía quitar el banco.

Pero pasó el tiempo y no supo nada más, hasta que el pasado julio se presentó en su casa una comisión judicial para desalojarla a ella y a sus tres hijos. Entonces pidió un aplazamiento, que caduca este miércoles, y recurrió a un abogado de oficio y a la plataforma antidesahucios.

Sospecha que el dueño del piso se dedicó a revisar los buzones porque nunca le llegó una notificación previa.

Carlota Pérez, de la plataforma antidsahucios, denuncia que el Ayuntamiento de Vigo "no da señales de vida", mientras que la Xunta esgrime que no tiene viviendas en la ciudad, solo en Vila de Cruces, a 130 kilómetros de su actual residencia, lo que en la práctica supondría "un destierro" para esta familia.

Elizabeth acaba de recibir de la Xunta otra propuesta para que se traslade a un piso en Vilagarcía, pero esgrime que tiene a los niños escolarizados en Vigo y que tampoco tiene a más familia en Galicia que la pueda ayudar. "Si fuera por mí, me iría hasta China, pero con los niños...", expone.

El portavoz del gobierno local de Vigo, Carlos Font, ha expuesto hoy que no tienen "comunicación oficial" de este inminente desahucio, pero que en todo caso esta mujer fue atendida "de emergencia" por los servicios sociales en las últimas semanas y le apalabraron una ayuda para el alquiler.

Font ha agregado que mañana tiene una cita con una trabajadora social, que le transmitirá el mismo mensaje, que se le dará una ayuda para el pago del alquiler en la vivienda que ella encuentre. Adicionalmente, ha indicado que fue atendida el pasado julio y entonces solicitó información para pedir el Bono Aluga de la Xunta.

Elizabeth lamenta que a estas dos administraciones se lo ha "explicado miles de veces", que las ayudas al alquiler no le bastan, porque los precios se han "disparado" y además, le piden un seguro, una nómina y un aval. "No tengo opciones. Esto sobrepasa mis límites", lamenta entre lágrimas esta madre de familia, quien añade: "No pido que me regalen nada. Solo que me ayuden. Estoy en una situación crítica".