Renfe presentó varias alegaciones para modificar el método que seguirá la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la hora de conceder permiso a Arriva para operar la línea privada entre A Coruña y Oporto. La ley protege a Renfe como operadora del servicio público entre San Cristóbal y Vigo. Por eso Arriva tiene que demostrar que no le causará un desequilibrio económico por recoger y dejar pasajeros en las paradas coincidentes en Galicia.
La mayoría de reparos de Renfe han sido desestimados por Competencia y ahora, tanto la compañía como Fomento y Adif, tienen cuatro semanas para solicitar la evaluación previa a dar luz verde a la filial de Deustche Bahn, que quiere poner en marcha sus trenes en verano de 2019. La semana pasada, después de varias semanas a exposición pública, la CNCM aprobó los criterios para conceder el permiso a Arriva, supeditados al equilibrio económico de la operadora del servicio público, que no ofrece ningún enlace entre A Coruña y la ciudad lusa ni tiene adecuados sus horarios al tren Celta que une Vigo con Porto-Campanhã.
Renfe puso reparos a la metodología propuesta por Competencia. Entre otras cuestiones, demandó "participar", junto a la comisión, en el proceso de evaluación y de análisis del equilibrio económico, que determinará el permiso a Arriva.
Red transeuropea
El Parlamento gallego aprobó ayer -a través de una transacción del PPdeG y En Marea- una proposición no de ley para exigir al Gobierno central un impulso a la mejora de la conexión ferroviaria entre Vigo y Oporto, dotándola de recursos presupuestarios y solicitando financiación a la Unión Europea para su inclusión como parte de la red básica transeuropea de transporte.
