Como consecuencia de la huelga que paralizó la actividad judicial durante tres meses desde febrero y hasta principios de mayo, se diseñó un plan de refuerzo, dirigido a quienes protagonizaron ese paro, los funcionarios, que ya está en marcha en los tribunales de Vigo y en los del resto de Galicia. Pero falta aún la segunda parte. Porque en el marco de ese plan también se pretende que los magistrados realicen labores de apoyo, bien "autoreforzando" su propio juzgado o ayudando a tramitar asuntos en otra sala. Y en el caso de la ciudad olívica por el momento no habrá ningún voluntario. En una decisión adoptada en junta de jueces éstos han remarcado la "indefinición" de la medida que se les propone y acuerdan que debe ser el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que determine en qué órganos "es conveniente y necesario" que los jueces hagan refuerzos. Y una vez así se establezca, decidirán si trabajar más horas de las que ya tienen que hacer o no.

"¿Hacer más horas o reforzar otro juzgado? Bastante esfuerzo me supone ya llevar el mío". Ésta era la contestación que el pasado septiembre daba un juez vigués a la pregunta de si estaba dispuesto a realizar labores de refuerzo. Otros magistrados consultados entonces por FARO veían también "inviable" trabajar más horas debido a la elevada carga de trabajo que ya tienen. Pero lo que hace un mes era aún una idea se acaba de concretar en firme, ya que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) remitió una comunicación a los jueces decano de las siete principales ciudades gallegas, entre ellas Vigo, para que celebrasen juntas de jueces y remitiesen la relación de magistrados interesados en hacer labores de refuerzo.

Y al menos por ahora en la urbe olívica ningún juez mostrará su voluntariedad para participar en ese plan, según se desprende del acuerdo adoptado en la junta celebrada la pasada semana y que ya fue elevado por el juez decano, Germán Serrano, a la Sala del Gobierno del TSXG. Los magistrados, tras calificar la medida que se les plantea de "indefinida", exponen en primer lugar que todas las salas viguesas "superan con mucho" el 100% del módulo de trabajo inicialmente fijado por el Poder Judicial, pese a lo cual mantienen "un adecuado nivel de pendencia" y "un ritmo razonable en los señalamientos" de juicios.

En el escrito los jueces también ven "prematuro" conocer en estos momentos en qué grado se incrementará el trabajo tras el inicio del plan de recuperación por parte de los funcionarios -arrancó este mismo mes de octubre-, por lo que concluyen que debe ser el Servicio de Inspección del CGPJ, "que conoce mes a mes de modo telemático los datos de pendencia de cada juzgado", el que determine en qué tribunales es preciso que los magistrados hagan refuerzo. "Una vez verificado cada titular decidirá [la medida] más adecuado", concluye el acuerdo adoptado.

Realizar labores de apoyo para sacar adelante el trabajo acumulado por la huelga tiene carácter voluntario, tanto para funcionarios como para jueces. Durante la huelga hubo que suspender cientos de juicios y diligencias como tomas de declaraciones o videoconferencias. La tramitación de asuntos también quedó parada en numerosas salas, ya que no fueron pocas en las que durante todo ese período solo funcionaron los servicios mínimos.