La propuesta de nuevo deslinde impulsada por los dueños de varias viviendas en Toralla reactivó en la ciudad el debate sobre el incumplimiento del libre tránsito público que se debe garantizar a las zonas públicas y la ribera de mar tal y como reconoce la Ley de protección y uso sostenible del litoral del año 2013 que modifica la ley de Costas de 1988. Es en base a este cambio normativo por lo que el Ministerio de Agricultura ha decidido estudiar el alcance real del oleaje en la isla viguesa en contra del criterio de la Gerencia de Urbanismo y del propio Pleno vigués. En su sesión del 28 de febrero PSOE y Marea exigieron a Costas la recuperación del dominio público marítimo-terrestre irregularmente ocupado por particulares con mobiliario de jardín o puertas de madera que ciegan las vías de acceso hasta la costa desde el centro de la isla. En Marea también decidió elevar la petición a la entonces ministra en el Congreso sin que se hubiera producido respuesta oficial hasta ahora.
Ambas iniciativas lo que pretenden es regularizar la situación de los terrenos de la isla que son de titularidad pública y garantizando la circunvalación peatonal de la ínsula por medio de una senda litoral en la franja de terreno más próxima al mar o bien pilotada todo alrededor de Toralla. El Concello insistió en todo momento en que no tenía voluntad sancionadora y que su única intención es cumplir con la obligatoriedad del acceso libre a las zonas de suelo público. Veía posible realizarlo retranqueando ligeramente los cierres sin necesidad de recuperar la totalidad del suelo ni realizar derribos.
