El director-conservador del Parque Nacional das Illas Atlánticas en la última década, José Antonio Fernández-Bouzas, prestó declaración ayer en el Juzgado de Instrucción 3 de Vigo como investigado por un presunto delito de prevaricación, acusado de consentir construcciones ilegales en las islas Cíes, algo completamente prohibido en el espacio protegido, según el reglamento del Parque Nacional.
En concreto se le acusa de autorizar obras en Casa Serafín y Casa Begoña -dos de los locales de hostelería en las islas-, y también en Casa Carou, que se acometieron sin la correspondiente licencia de obras que debe conceder el Concello de Vigo y sin que se les exigiese siquiera o fueran paralizadas. Contra los promotores de las tres obras se siguen querellas distintas en otros juzgados vigueses por presuntos delitos contra la ordenación del Territorio.
José Antonio Fernández-Bouzas admitió durante su interrogatorio, en el que participaron la magistrada Marisol López y la fiscal de Medio Ambiente, Natividad Gurriarán, que autorizó favorablemente las obras, pero expuso que en el documento que entregaba a los solicitantes constaba que debían tramitar la licencia municipal. Negó que dijera a los afectados que con su autorización "xa está todo feito", como algunos testigos aseguran.
El director del Parque Nacional manifestó que había hecho las cosas bien y que en todo caso sería el Concello de Vigo, a quien corresponde otorgar las licencias, quien no controla el tema urbanístico en las islas Cíes. Y es que la Policía Local también recorre las islas y en ningún momento solicitó las licencias por las obras, ni las paró por no tenerlas.
Durante la mañana de ayer también prestaron declaración judicial al menos tres guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que iniciaron la investigación en su día, un agente forestal y varios imputados. Los interrogatorios por esta causa continuarán a lo largo de la jornada de hoy con varios testigos en el Juzgado de Instrucción 3.
El Seprona de la Guardia Civil abrió la investigación tras detectar una serie de obras supuestamente ilegales en algunas de las viviendas de las islas Cíes, pues si bien tenían informe favorable de la Xunta, a través del director-conservadors del Parque Natural, se acometieron sin la licencia de obras de la gerencia de Urbanismo del Concello de Vigo. Al parecer en uno de los casos se trataba de la reparación de un tejado.
La declaración judicial de los investigados estaba prevista para hace unos meses, pero la huelga de los funcionarios de Justicia obligó a retrasar las comparecencias.
Las construcciones ilegales en las islas Cíes saltaron precisamente a raíz de la denuncia de un afectado de Cádiz contra las navieras en agosto de 2017, cuando dos mil personas se quedaron "tirados" en tierra en Vigo por la sobreventa de billetes a Cíes. La Xunta y la dirección del Parque Natural hicieron regresar a cuatro barcos desde las islas al superarse el cupo de visitantes diario permitidos. Una causa que también investiga la magistrada de Instrucción 3 de Vigo y en las que las compañías, reincidentes, se enfrentan a sanciones de hasta 200.000 euros.
La causa contra las tres navieras fue abierta a raíz de una querella de la Fiscalía tras una investigación previa. Una de las pruebas ordenadas por la magistrada es la pericial sobre los códigos QR de los tiques que se expedían, que realiza el Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Pontevedra. Ésta es una de las cuestiones clave de la querella de la Fiscalía contra las navieras Mar de Ons S.L., Navia (Illa de Ons S.L.) y Tours Rías Baixas S.L., presentada al detectarse billetes "totalmente mendaces" o con elementos como el código QR o el número de identificación "simulados".
La pericial debe determinar esa falsedad denunciada y establecer si esos códigos y las autorizaciones que constan en los informes del Seprona fueron expedidos por la central de reservas de la Xunta.
