El catedrático y responsable del Tribunal de Garantías de la UVigo, Argimiro Rojo, acaba de ser elegido por unanimidad presidente de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias (RIDU) durante la reunión constitutiva celebrada a mediados de septiembre en la ciudad argentina de Córdoba. El politólogo, que también forma parte de la comisión ejecutiva de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios de España (CEDU), participó en el proceso de creación de esta nueva plataforma internacional desde sus inicios en 2015 y también se encargó de la redacción de los estatutos.
Los socios constituyentes superan el medio centenar y la Red, que ya ha recibido peticiones de ingreso en los últimos días, confía en ir sumando incorporaciones entre las más de 250 defensorías universitarias del ámbito iberoamericano. La ejecutiva la completan otros ochos defensores de universidades de España, Portugal, Brasil, México, Perú y Costa Rica.
La RIDU aspira a convertirse en "un actor influyente no solo en el ámbito español e iberoamericano, sino a nivel mundial" para la defensa de los derechos humanos y universitarios, el impulso de la calidad, la expansión de esta figura y su participación en redes, el fomento de la igualdad de género y la capacidad de influir en la toma de decisiones que afecten a la Educación Superior.
"Hoy vivimos en sociedades muy complejas y problemáticas. Y la cooperación es un requisito indispensable del que todos nos beneficiamos. Es más necesaria que nunca", defiende Rojo sobre la filosofía de esta plataforma que trabajará en red y compartirá conocimiento, información y experiencias.
El catedrático interpreta su nombramiento como un "reconocimiento" para la Universidad de Vigo. "Eso es lo que hay que poner de relieve", destaca.
Rojo preside desde 2011 el Tribunal de Garantías, un órgano colegiado que será sustituido por un Valedor, la figura mayoritaria en las universidades españolas, en cuanto se aprueben los nuevos estatutos de la universidad viguesa. Y en el nuevo equipo rectoral ha encontrado "comprensión, franqueza y lealtad institucional".
El catedrático de Ciencia Política y de la Administración aboga por desarrollar todas las potencialidades del defensor universitario. "Tanto a nivel individual como colectivo tiene un rol muy importante. No solo se ocupa de los temas internos, sino de la calidad universitaria en un sentido integral, lo que conlleva la defensa de unos valores frente a la corrupción, los plagios o las falsificaciones. Actuar frente a estos casos es una de las competencias que tenemos asumidas por ley. Un defensor por sí solo no tiene mucha capacidad de presión o denuncia, pero sí de forma colectiva", destaca.
De hecho, él ha participado como redactor en una declaración que se presentará en el próximo congreso nacional de CEDU para denunciar estos casos: "Son prácticas intolerables, condenables, que causan un enorme daño a la institución y contradicen por completo el fin de las universidades". En todo caso, añade, se trata de situaciones excepcionales. "No son alumnos normales, sino personas que se dedican a la política o a ámbitos donde los medios ponen los focos y todo se magnifica mucho más. Pero hay que ser sensatos y prudentes y no exagerar. Tampoco callarse, porque cuando lo haces, transiges", apunta.
