29 de septiembre de 2018
29.09.2018
CRISIS EN LA SANIDAD VIGUESA

Povisa entra en preconcurso por las pérdidas del concierto con el Sergas, que cifra en 42 millones

La empresa acusa a la Administración de reinterpretar el convenio firmado en 2014, lo que ha mermado sus ingresos y comprometido su viabilidad - Retrasa el pago del IRPF y confía en llegar a un acuerdo antes de tres meses

29.09.2018 | 03:14
// Ricardo Grobas

Decisión sin precedentes en la historia de la sanidad viguesa. La dirección de Povisa, el mayor hospital privado de España, pero que atiende a 137.000 pacientes de la sanidad pública de Vigo y su área de influencia, ha entrado en preconcurso de acreedores por las pérdidas millonarias que viene arrastrando desde 2014 por la merma de ingresos procedentes del Sergas, como adelantó ayer FARO en su edición digital. La empresa esgrime que Sanidade ha reinterpretado a su favor varias de las cláusulas del concierto firmado hasta 2022, lo que ha dejado un agujero de 42 millones que Povisa ha contenido hasta ahora echando mano de su fondo de reserva, ya agotado. La decisión abre un periodo de incertidumbre para sus más de 1.400 trabajadores y esos 137.000 pacientes, la mayoría de Vigo, Val Miñor y O Morrazo, aunque confía en alcanzar un acuerdo con el Sergas. Ambas partes volverán a sentarse el próximo lunes.

El preconcurso permite un máximo de tres meses a la empresa para resolver sus diferencias con su principal cliente o, de lo contrario, entrará en concurso de acreedores (la antigua suspensión de pagos). La dirección del hospital comunicó ayer a sus trabajadores que una vez agotado ese fondo de reserva no ha tenido más remedio que postergar pagos como el del IRPF del mes de septiembre, por lo que el preconcurso de acreedores se convierte en su mejor opción. "Es la mejor forma de proteger los intereses de todas las partes y, muy especialmente, de sus trabajadores y pacientes", asevera y añade que "podría dar opción a que, en un corto espacio de tiempo se encuentre por parte del Sergas una solución".

El problema radica en las diferentes interpretaciones que ambas partes hacen de cuatro puntos del convenio: el pago de los medicamentos que se dispensan a pacientes no ingresados; quién debe hacerse cargo del coste de los servicios que Povisa no tiene en su cartera pero que precisan sus usuarios; los criterios para poder solicitar el cambio desde el Chuvi al hospital concertado; y la reducción del envío de casos del Sergas a las unidades de referencia de la calle Salamanca.

En total, la empresa cifra las pérdidas atribuibles al concierto con el Sergas en 42 millones de euros, aunque con la actividad privada y la no distribución de dividendos en 25 años, los números rojos reales del hospital se reducen a 15,2 millones desde 2017 (5,5 millones en 2015, 4,3 en 2016 y 5,4 en 2017, a lo que hay que sumar el agravamiento de esta misma tendencia en los meses transcurridos de 2018).

Detalla que, según un informe de expertos independientes que encargó este año, estas pérdidas "han sido motivadas exclusivamente" por su relación con el Sergas. Este trabajo descarta la falta de eficiencia en la actividad del centro concertado. De hecho, Povisa asegura que reveló que "el gasto medio por habitante es significativamente muy inferior" en comparación con el de la EOXI de Vigo y el de la de A Coruña. Fija en 30 millones de euros el daño derivado del concierto hasta el 31 de diciembre de 2017. Le suma los 9 millones de euros acumulados este año y otros 3 millones correspondientes a la detracción de tratamientos previos.

Los responsables de Povisa relatan que trasladaron la "criticidad" de la situación a la Consellería de Sanidade en numerosas ocasiones, pero su reacción no ha sido "suficientemente ágil". A finales del año pasado ya le comunicó que el fondo se agotaría en 2018 y le rogó buscar una solución al "fortísimo desequilibrio, que ni siquiera la actividad privada del hospital puede compensar". En enero habló personalmente de la situación con el conselleiro, Jesús Vázquez Almuiña. Paralelamente, cuenta que puso en marcha un "plan estratégico" para reducir el gasto sin deterioro en la atención a pacientes. La auditoría del ejercicio de 2017, recibida en marzo, desató las alarmas informando de un "inminente riesgo de continuidad de la empresa". Envió un burofax a Santiago, con el que urgía un acuerdo mediante la "reinterpretación o modificación" del concierto.

Pero las posiciones se alejaron aún más con un nuevo desencuentro por el pago de un tipo de medicación. Eran 5,4 millones de euros más. Junto a la falta de liquidez, desembocó en la solicitud del preconcurso.

A pesar de la delicada situación, la dirección de Povisa confía en llegar a un acuerdo con la Consellería de Sanidade que evite el concurso de acreedores y las consecuencias que eso tendría para trabajadores, pacientes, proveedores y, en definitiva, para el futuro del hospital y de la sanidad viguesa. La compañía trasladó que no pretende ganar "un solo euro" con la atención pública, que de hecho es "altamente deficitaria para el hospital". En este momento se trata, incluso contando con los márgenes de la actividad privada, de lograr un equilibrio financiero que le permita continuar su actividad.

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