El Servicio Galego de Saúde (Sergas) asegura que cumple a raja tabla el acuerdo que en 2014 puso por escrito con Povisa para la siguiente década. El hospital concertado reprocha que el problema es que interpretan el texto de forma diferente y que la lectura que hace la Administración le hace mucho daño.
¿Y cómo puede ser que dos partes que consensuaron un pacto ahora lo entiendan de forma distinta? Desde la calle Salamanca argumentan que el equipo de Sanidade que lo negoció ya no está. Fue la anterior gerente del Sergas, Nieves Domínguez, con Rocío Mosquera al frente de la consellería. Dos semanas después de rubricarlo, la primera renunció al cargo. Tampoco está ya la segunda, a la que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, destituyó un año después. Povisa asegura que sus actuales interlocutores en Santiago hacen interpretaciones "que habrían sido inimaginables para las personas que participaron en su negociación".
Tampoco es que fuera una negociación sencilla la que culminó con el acuerdo alcanzado en 2014. Consensuarlo llevó cuatro años, durante los que se prorrogó el anterior. Y el nuevo supuso un vuelco en el modelo del convenio. El hospital dejaba de cobrar por la actividad que generaba la población de su área asignada -Val Miñor y O Morrazo y algunos barrios de Vigo- y pasaba a hacerlo por cada una de las cartillas adscritas. En concreto, 540 euros. No puede bajar de las 120.000 ni superar las 139.000 y los usuarios tienen libertad para irse al Chuvi. También Povisa puede captar pacientes de una parte limitada del área un mes al año.
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¿Cuáles son los puntos en los que ahora no se ponen de acuerdo? Según el centro del Grupo Nosa Terra XXI son, principalmente, cuatro. El primero que reprocha es que el importe que Sanidade destina al pago de la medicación hospitalaria de los no ingresados no cubre el coste real. Habla de un déficit de entre 5 y 6 millones al año, a los que suma otros 5,4 de tratamientos de alto impacto surgidos tras la firma del acuerdo.
En segundo lugar, censura que el Sergas le factura servicios que no están en su cartera y que prestan terceros a sus pacientes asignados. En el recurso Contencioso-Administrativo, la Xunta argumentó que tiene que hacerse cargo de ellos al no estar expresamente excluidos en el convenio. Povisa responde que "tampoco están expresamente incluidos" y que en anteriores conciertos no lo pagaba.
La Dirección del hospital privado critica también que le han reducido progresivamente el envío de pacientes a las especialidades en las que tradicionalmente era referencia, como la unidades de quemados o la de cirugía de la mano. "Los ingresos por estos conceptos se han reducido en 1,5 millones de euros anuales", afirma.
Los tres meses de negociaciones que ahora tiene por delante durante el preconcurso coincidirá con la apertura del plazo de para que los usuarios del área sanitaria viguesa decidan si quieren ser tratados en el Chuvi o en Povisa. Este se abrirá en noviembre. Precisamente, la última de las cuatro discrepancias son las dificultades que Povisa considera que el Sergas pone al cambio a su centro. "A los pacientes solo se les permite darse de alta en noviembre -hasta el tope marcado y, en el caso de Vigo, solo cuando están asignados a algunos centros de salud-, mientras que se les permite darse de baja durante todo el año y sin posibilidad de que esas bajas se puedan compensar con los que se han quedado fuera", reprueba.
Aunque se queja de estos cuatro aspectos, en estos momentos, la pretensión de Povisa es lograr los dos primeros: que la Xunta asuma "el coste real de la medicación dispensada" y que "deje de descontar el coste de actividades realizadas por terceros".
