El supuesto cambio de postura de Audasa favorable a pagar las tasas que exige el Puerto por la construcción y actividad del puente de Rande se ha quedado en nada. Después de meses esperando a que la nueva cúpula directiva se aveniese a realizar los pagos -del orden del 70.000 euros anuales- como avanzó que haría en una reunión en Praza da Estrela celebrada antes de este verano, nada se ha vuelto a saber del compromiso adquirido entonces. La desconfianza de la Autoridad Portuaria es mayúscula. Al considerar que ha transcurrido un tiempo más que prudencial para que la concesionaria demostrase lo anunciado verbalmente, ante el temor de que se trate de un farol le enviará la próxima semana una carta avisándole del inicio del expediente de la que sería la quinta sanción de persistir en su negativa a abonar los cánones.
En el seno de la institución portuaria no se oculta la decepción por la ausencia de noticias de Audasa. Una compañía que como trascendió esta misma semana aplicará en los próximos meses un nuevo "tarifazo" en la AP-9 que sin duda abultará todavía más los 44 millones de beneficios obtenidos en 2017. La doble subida extraordinaria de peajes que ultima el Gobierno ascenderá al 1,9% -sumados los incrementos por las obras de ampliación en el acceso a Santiago y Rande y otro 0,9% por la bonificación de trayectos entre Vigo y Pontevedra-, y costará a los usuarios gallegos 2,7 millones al año.
Según el presidente del Puerto, en el mencionado encuentro los nuevos directivos de Audasa se habían mostrado "dispuestos a normalizar su situación", lo que acabaría con un goteo de sanciones que desde la primera, impuesta a principios de 2016, suman en total 360.000 euros lo que lleva apoquinados, sin incluir los 240.000 que tiene pendiente por la cuarta multa. A cambio, como gesto del desinterés portuario por prolongar este pulso con la compañía y fiel a su filosofía de que "mejor un mal arreglo que un buen pleito", Veiga garantizó que serían "indulgentes". Hasta estaba dispuesto a dejar sin efecto las sanciones.
Gesto de buena voluntad
Este gesto no provocaría ningún quebranto en las arcas de Praza da Estrela. De hecho el dinero desembolsado por Audasa en estos dos años han figurado como "provisiones", y no como ingresos, en la contabilidad portuaria, por si una resolución desfavorable de los tribunales en el contencioso abierto por la concesionaria obligase a devolvérselos. Ahora bien, lo que de ningún modo perdonaría el Puerto son los atrasos por el impago de los cánones, a contar desde 2012, el año a partir del cual considera la institución que la compañía estaría obligada, en virtud de la Ley de Puertos, a regularizar su situación con el consiguiente pago de tasas. "Igual que ellos no perdonan la descomunal subida del peaje, nosotros tampoco vamos a perdonarle los atrasos", argumenta López Veiga respecto a un monto que rondaría el medio millón de euros, cifra a la que había que agregarle los intereses.
Claro que ante la frustración que siente ahora por la actitud de la concesionaria, el Puerto vuelve a la anterior firmeza en cuanto a su exigencia. Este será el tono de la carta que remitirá la próxima semana, "un recordatorio", como la define el presidente, donde le comunicará que la Autoridad Portuaria no puede esperar más". De manera que o bien ofrece una muestra "inequívoca" de que pagará lo reclamado o de lo contrario pondrá en marcha el quinto expediente sancionador. Pero además urgirá la respuesta de inmediato porque de lo contrario la tramitación de la nueva sanción podría ser aprobada en el próximo Consejo de Administración.
Al igual que las anteriores, esta quinta multa se formularía con la consideración de infracción grave. Y de continuar el aumento en 60.000 euros aplicado en las anteriores, el importe ascendería a 300.000 euros. Aunque decidido a continuar esta batalla,el Puerto sigue sin entender la postura de la compañía. "Es del todo injustificable esa resistencia a pagar unas tasas al Puerto que no representan nada para su contabilidad mientras que la subida de peajes que aplicará sí afecta al puerto y a las empresas porque dañan seriamente su competitividad", razona Veiga.
