Las empresas estibadoras de Vigo darán la batalla en los tribunales para evitar el pago de la millonaria multa impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por restringir durante 20 años el libre mercado en los muelles al conceder a su plantilla, la Colla, tareas a mayores de las que ya monopolizan por ley. Salvo Estibadora Gallega, los otros cuatro accionistas de la viguesa Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep) ya iniciaron los trámites de presentación del recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. La sanción de la CNMC afecta también a los sindicatos representados desde 1996 y hasta la actualidad en el Comité de Empresa, y aunque estos todavía disponen de margen de tiempo ya tienen decidido recurrir.
Como adelantó FARO el pasado 1 de agosto, entre las empresas y sindicatos el importe de la multa de Competencia asciende a 3,4 millones. Esta resolución se produjo a consecuencia de la denuncia efectuada hace dos años por el Puerto de Vigo al considerar que una serie de pactos extraestatutarios en el seno de la sociedad de estiba -los acuerdiños, bautizados así por el presidente Enrique López Veiga- suponían una flagrante vulneración de los artículos 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC) y del 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Y en efecto, para la organismo quedó probado que accionistas de la Sagep y Comité adoptaron esos acuerdos "con el fin de preservar en exclusiva" tareas como el embarque y desembarque de coches y la entrega y recepción de mercancías a su personal, bastante más caro, sin obligarlo la ley, conducta que tipifica como "infracción muy grave" de los citados artículos.
Transcurridos poco más de un mes desde la comunicación de la multa, a excepción de Estibadora Gallega (entidad formada por Pérez y Cia y Kaleido Logistics), que castigada con la menor cuantía ha optado por abonar los 42.000 euros, el resto de los accionistas presentaron los avales exigidos para impulsar el recurso ante la Audiencia Nacional. Este tribunal podría tardar años en emitir un dictamen pero mientras tanto los afectados se ahorran un pago que para unos, más que otros, supone un fuerte varapalo.
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Las sanciones a las empresas suman 2,9 millones, sin contar los 100.000 euros a la propia Sagep "por constituir el verdadero centro de los acuerdos", como reza el fallo de la CNMC. Las de mayor importe recayeron sobre Bergé Marítima y Termavi, con 1,4 millones y 700.000 euros, respectivamente, mientras que a Pérez Torres Marítima le corresponde 490.000 euros y a Líneas Marítimas Españolas (Suardiaz), 199.276. Respecto a los sindicatos, el monto sancionador asciende a 431.000 euros. UGT y CC OO, 170.000 euros cada uno; CIG, 70.000; CGT, 20.000; y por último, Coordinadora, con solo 1.000 euros. Fuentes sindicales aseguraron ayer que "todos, incluso Coordinadora" recurrirán pero que no lo habían formalizado aún al contar con un plazo diferente del de las empresas -dos meses- por haber recibido la notificación más tarde.
Aunque escuece todavía el impacto de las multas, ahora en el seno de la sociedad de estiba lo que más preocupa es la advertencia que vierte Competencia en los puntos cuarto y quinto de su resolución que rezan lo siguiente: "Intimar a las empresas infractoras para que en el futuro se abstengan de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada en la presente resolución" e "Instar a la Dirección de la Competencia de esta Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que vigile el cumplimiento íntegro de esta resolución".
Tareas a renunciar
Dos frases que acapararon la maratoniana reunión celebrada ayer entre las empresas y sindicatos en la sede de la Sagep. Para los accionistas, directamente aludidos en la resolución, no hay más tiempo que perder por lo que instaron a los representantes de la plantilla a plantear "de inmediato" una propuesta de acuerdo que se ajuste a la legalidad, lo que significaría, como poco, acabar con la limitación a 15 por jornal de trabajadores de ETTs contratados para el movimiento de vehículos en Bouzas, y la renuncia de los estibadores a la entrega y recepción de mercancías en la terminal de contenedores, llamada en al argot portuario "rueda de camión".
Ambas cuestiones han sido casi intocables para los sindicatos en las negociaciones mantenidas en los últimos meses en el número 9 de la calle Areal. Reuniones donde los portavoces de la plantilla dicen haber propuesto concesiones relevantes para la mejora de la competitividad y la rebaja en el coste de las operaciones mientras que para las empresas, de trasladarlos a un acuerdo, se expondrían de nuevo a otra multa. Por eso ahora a los accionistas, temerosos de la vigilancia de la Competencia, se les acabó la paciencia y ayer exigieron para mediados de mes un planteamiento que sirva para convencer al organismo sancionador del final de la ilegalidad en la estiba viguesa.
