"Desproporcionada", "injusta" y un "sinsentido". La estiba niega "monopolio" de mercado en las terminales viguesas y avanza un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la multa de 3,4 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra las empresas y los sindicatos que integran la Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP), adelantada ayer en exclusiva por este diario. La CNMC considera acreditado que los accionistas y el comité de empresa adoptaron acuerdos con el fin de reservar en exclusiva tareas para la Colla, y emplazó a las partes a que en el futuro "se abstengan de realizar conductas semejantes a la tipificada y sancionada" en esta resolución.
Para el personal de la SAGEP, la decisión de Competencia ha sido del todo imprevista. "No esperábamos la sanción. Competencia abrió un expediente, pidió documentación a las empresas y sindicatos y no vio delito ninguno. Después se elevó al consejo, que no suele fallar en contra de la Comisión, pero esta vez sí lo hizo", explica Miguel Ríos, presidente del comité de empresa y representante de UGT. Ríos considera "absolutamente desproporcionada" la cuantía de las multas, que podrían poner en peligro -a su juicio- la continuidad de alguno de los accionistas de la SAGEP -Pérez Torres Marítima, Estibadora Gallega, Líneas Marítimas Españolas, Terminales Marítimas de Vigo y Bergé Marítima-, y avanza la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional -ya no cabe recurso alguno por vía administrativa-.
El representante de los estibadores argumenta que la resolución de Competencia se basa en argumentos que "no son verdad". "Por ejemplo, la entrega y recepción de mercancías solo la hacemos en una empresa, y fue un acuerdo entre la empresa y el comité", asegura, en alusión a Termavi. También niega que haya monopolio en el embarque y desembarque de vehículos sin matricular. "Es un sinsentido", lamenta. El presidente del comité de empresa de la SAGEP carga a la vez contra la Autoridad Portuaria, firmante de los acuerdos sancionados por Competencia, y que ha salido "impune". "Se ha ido de rositas", critica.
El presidente del Puerto, Enrique López-Veiga, considera que la resolución permitirá poner punto y final a "prácticas anticompetitivas" en las terminales marítimas, y en el caso de Vigo abaratará los costes logísticos del Grupo PSA, sobre todo en el embarque de vehículos en la terminal Ro-Ro de Bouzas. Para Veiga, el sistema de la estiba está "condenado a muerte".
La CNMC recuerda que en 2009 la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) sancionó un acuerdo similar (IV Acuerdo para la regulación de las relaciones laborales en el sector de la estiba portuaria) entre la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (ANESCO) y varios sindicatos: CIG, Coordinadora estatal de Trabajadores del Mar (CETM) y Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB). En la revisión judicial de esta resolución sancionadora tanto la Audiencia Nacional como el Supremo confirmaron la infracción declarada al considerar que el "IV Acuerdo" desbordaba el marco estrictamente laboral de los convenios colectivos.
