La cárcel no siempre es la pena más adecuada. A tenor de los delitos, la imposición de medidas educativas, sociales o terapéuticas a los condenados pueden obtener mejores resulatados y sobre todo cumplir uno de los objetivos primordiales de cualquier castigo privativo de libertad: evitar la reincidencia.

Uno de los ilícitos que admite la suspensión de una pena de prisión por un programa de rehabilitación es el maltrato doméstico o familiar. En los partidos judiciales de Vigo y provincia, un total de 158 maltratadores -107 a lo largo del año pasado y 51 en el primer semestre del 2018- fueron condenados por los Juzgados de lo Penal o de Instrucción que sumen competencias en materia de violencia de género al cumplimiento de programas de rehabilitación con el objetivo de que pongan fin a esas conductas agresivas con sus familias o parejas que los llevaron ante un tribunal, según precisaron fuentes de Instituciones Penitenciarias.

Uno de estos programas, que están regulados por el CIS de cada provincia, es el Pria-Ma, un programa de intervención para agresores de violencia de género en medidas alternativas. Al Pria-Ma acuden aquellos hombres cuya condena judicial por violencia de género supone una pena inferior a dos años de cárcel siempre que no tengan antecedentes. En lugar de ir a prisión, el juez envía a estos maltratadores a una terapia psicológica, en formato de terapia de grupo o individual, que dura aproximadamente un año -10 meses en concreto-. Fuentes judiciales sostienen que estos programas no son "mayoría" dentro de las condenas por delitos de malos tratos. "Normalmente estos ilícitos se penan con trabajos en beneficio de la comunidad, si bien cuando son condenados a penas de prisión sí pueden suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad a condición de participar en estos programas de rehabilitación", apuntan estas fuentes.

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El programa también es voluntario, salvo imposición judicial. En este caso, actualmente son 15 los condenados que se han propuesto voluntarios para su realización. Los condenados pasan a trabajar con psicólogos para controlar los impulsos, rebajar la ira y empatizar con la mujer.

Confiesan estos profesionales que a diferencia de otras medidas, su cumplimiento es prácticamente "unánime". "Se dan muy pocos casos en los que el varón no cumpla con el programa. En el caso de que no se cumpla se puede ampliar el periodo de la suspensión, por ejemplo si dos años pasa a dos años y seis meses más. A priori no incurrirían en un nuevo delito pero en el peor de los casos se puede revocar la suspensión y que tengan que cumplir la condena de prisión", amplían fuentes judiciales.

La Xunta también cuenta con un programa para todos aquellos varones que quieran aprender a resolver sus conflictos familiares o con su pareja de forma no violenta, Abramos o Círculo. En el último año fueron 84 los varones que participaron de este programa.

Si bien su cumplimiento suele ser generalizado, en ocasiones su puesta en marcha se retrasa con motivos ajenos al condenado. Y es que las instituciones que organizan estos programas cuentan con más demanda que plazas, provocando que el inicio de los cursos se retrase varios meses, según matizaron fuentes de Instituciones Penitenciarias. Expertos judiciales coinciden en que en alguna ocasión, no se ha podido realizar el curso ya que el tiempo de la suspensión era de dos años y en ese periodo no hubo plazas disponibles para la realización del mismo. Al ser grupos cerrados, tanto los voluntarios como los sentenciados judicialmente deben esperar a que uno de los grupos termine para poder iniciar los cursos. Actualmente son 15 los que se encuentran en lista de espera. "Están ya aprobados en el curso, pero deben esperar s que concluyan los actuales".

Incremento de delitos

Un dato que también llama la atención al término del pimer semestre del año es el del número de asuntos penales ingresados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vigo. En total suman 966 frente a los escasos 700 que se registraron el año anterior; un 38% más en solo un año.