Audasa quiere incrementar su pingüe caja. La concesionaria de una de las autopistas más rentables de España, que en 2017 obtuvo un beneficio de 44 millones de euros, acaba de llevar al Gobierno ante la justicia al considerar que el actual sistema de compensación por los "peajes en la sombra" de Vigo-O Morrazo y A Coruña-A Barcala le perjudica. Ayer el BOE anunció que la gestora de la AP-9 ha recurrido ante el Tribunal Supremo los cambios aplicados hace justo un año en el convenio de 2006, en el que Xunta y Gobierno habían acordado con la concesionaria cómo la retribuirían por el uso gratuito de esos tramos. Aunque los conductores pueden circular sin pasar por caja, el Estado sigue pagando a la concesionaria por su utilización.

Hasta esas modificaciones -aprobadas en julio de 2017- Audasa recibía un pago de las arcas públicas que se calculaba en base al volumen de tráfico registrado en A Barcala y O Morrazo. Desde hace un año sin embargo el sistema es algo distinto: se toman como base los datos de 2005, el último ejercicio con peaje, y se actualiza teniendo en cuenta la subida o bajada de tráfico en toda la AP-9. Solo el volumen de vehículos de Rande dobla a la media del conjunto de la Autopista del Atlántico, si bien canaliza tanto tránsito del Morrazo como del resto de Galicia.

En el decreto de 2006 se detallaba que la compensación de Audasa se calcularía "a partir de los datos de tránsitos obtenidos mediante conteo, a los que se aplicará el importe del peaje [...] correspondiente a la utilización de la autopista en los recorridos para los que se suprime el pago directo".

Hace ahora un año se modificó ese texto, que desde entonces aclara que la compensación se estima tomando como referencia 2005 -último año con el peaje activo- y "la variación de los ingresos del resto de los recorridos de la autopista". "Así, para obtener el importe del abono anual a Audasa se aplicará a los ingresos el coeficiente de la variación de los del resto de la autopista", recoge la modificación introducida en julio de 2017.

No fue el único cambio que se introdujo hace 12 meses. Antes Xunta y Gobierno abonaban la compensación a Audasa en un pago anual. Ese sistema sin embargo acarreaba unos intereses de demora que penalizaban las arcas públicas, por lo que en 2017 se acordó que los ingresos se efectuasen de forma trimestral. El objetivo del Gobierno era adoptar un sistema más eficiente. En el decreto con el que introdujo las modificaciones, en 2017, reconocía de hecho que la fórmula adoptada una década antes era "perjudicial" para las administraciones.

"Los importes abonados por el Gobierno y la Xunta en compensación difieren sustancialmente de los que hubiera percibido la sociedad concesionaria de no haberse adoptado la citada medida. Esta situación se considera perjudicial para las administraciones implicadas y viene suponiendo un cierto enriquecimiento injusto para la sociedad concesionaria", recogía el decreto de 2017.

El otro punto que se revisó el año pasado fue el reparto de responsabilidades. En 2006 Xunta y Fomento habían acordado hacer frente al "peaje en la sombra" a partes iguales: el ministerio abonaría el 50% de su coste y la administración autonómica la restante mitad. Durante años San Caetano reclamó sin embargo que el coste debía recaer solo en las arcas del Gobierno central. El exministro Íñigo de la Serna accedió y Fomento pasó a asumir el 100% del montante.

Ayer Audasa declinó pronunciarse sobre el recurso al estar en manos de la justicia. Solo entre 2016 y 2017 la empresa sumó cerca de 90 millones de euros de beneficio. A pesar de ese resultado los balances publicados de forma periódica por el Ministerio de Fomento muestran que el servicio que presta es más que mejorable: durante cuatro años fue la concesionaria con más quejas de usuarios y destaca además por su parca plantilla.