Las familias de O Piricoto ven cómo se detiene el reloj que desde junio marcaba la cuenta atrás iniciada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para desalojar y derribar su urbanización. El Alto Tribunal acaba de aceptar a trámite el recurso presentado por la comunidad de propietarios, lo que en la práctica le lleva a suspender la ejecución de un auto anterior -emitido el pasado 13 de junio- en el que ordenaba que en un plazo de 12 meses debía derribarse el bloque de viviendas.

En un escrito firmado este lunes, el TSXG ordena la suspensión del derribo "mientras se tramita y resuelve" el recurso presentado por la comunidad de propietarios de O Piricoto, ya que de ejecutarse -razona el tribunal- su petición perdería todo su sentido. El objetivo de los magistrados es "evitar perjuicios de difícil reparación y que dicho recurso de reposición pueda perder su finalidad legítima".

En su nuevo escrito, el TSXG recuerda que se había ordenado el desalojo de las viviendas de O Piricoto, "con corte de agua y luz y el precinto de accesos". El magistrado da además un plazo de cinco días a las partes para que puedan impugnar su decisión, en el caso de que alguna decida hacerlo.

Los residentes de O Piricoto no fueron los únicos en recurrir el anterior auto del TSXG. El Concello también presentó su propio recurso de casación con el objetivo de revocar una orden de derribo que considera "desproporcionada". Los servicios jurídicos del Ayuntamiento adujeron hasta una docena de razones para invalidar el plazo de seis meses que el Superior había dado a los vecinos de la urbanización para abandonarla.

Reguero de resoluciones

El auto del 13 de junio y la reciente providencia que suspende su orden de derribo son los últimos capítulos de una larga crónica judicial que se remonta a principios de los años 90. En 1994 el Alto Tribunal gallego anuló la licencia urbanística concedida en 1991 a Domus Nerga S.L. para construir un complejo de tres bloques con un bajo y cinco plantas en Pazo y Subida á Costa. El auto del pasado 13 de junio era sin embargo el primero que ponía un plazo a la administración local para que acatara la sentencia original de derribo.

En 2012 el Concello logró abrir una vía para la legalización de O Piricoto al amparo del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de 2008. A la urbanización se le otorgó licencia a cambio de que acometiera algunas obras de derribo en sus partes más altas y cubriera la fachada con una pantalla vegetal. La orden de demolición se suspendió en 2015, pero poco después una sentencia del Tribunal Supremo anulaba el propio Plan Xeral de 2008, el que ofrecía cobertura urbanística a la edificación.