La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, ha fijado el próximo 20 de julio como "fecha última" para el ingreso voluntario en prisión del vigués Ángel Núñez-Torrón López, el empresario que fue condenado a 6 años y 9 meses de cárcel por apropiarse de 3,8 millones de euros que una empresa granitera a la que asesoraba le entregó a lo largo de una década para que los depositase en una cuenta en Portugal asociada con cuentas offshore en paraísos fiscales. Esta sentencia ya es firme desde septiembre de 2017, cuando el Tribunal Supremo la confirmó. Junto a este caso, tiene otra condena, contra la que tampoco cabe ningún recurso más, de un año de cárcel y multa de 872.000 euros que le había impuesto un juzgado de lo Penal vigués por un fraude a Hacienda de 436.000 euros.

Tras la firmeza del caso de la apropiación indebida, la Sección Quinta inició el proceso para ejecutar las penas que se le impusieron, entre ellas la de prisión. La entrada del empresario en el penal se ha demorado por los recursos formulados. Entre los mismos alegó problemas de salud y la necesidad de realizar pruebas médicas, una cuestión por lo que la sala viguesa ha accedido a demorar el ingreso. Pero pese a esta pequeña prórroga, la sala concluye que no hay impedimento para que entre finalmente en la cárcel y, en un auto del pasado 19 de junio, le pone como fecha límite la del próximo 20 de julio, es decir, en un plazo de diez días.

El tribunal reconoce que existe un "padecimiento", pero que el mismo no implica "una enfermedad grave con padecimientos incurables", que es uno de los requisitos para suspender el ingreso en prisión de un condenado. Los forenses, además, ven posible su encarcelamiento con la adopción de una serie de medidas, entre ellas de apoyo asistencial.