30 de junio de 2018
30.06.2018

El Concello intenta revocar el derribo de O Piricoto por considerarlo "desproporcionado"

-Recurre el auto del TSXG alegando "indefensión" por no dársele audiencia en el proceso - Valora que se excede en su alcance y que el edificio tiene licencia firme de adaptación

30.06.2018 | 02:16
Vista general de la fachada de la urbanización la Colina de Castrelos. // Marta G. Brea

Los servicios jurídicos municipales formalizan el recurso de casación al que tenían derecho para intentar frenar la última orden de derribo de O Piricoto activada el pasado 13 de junio en virtud de un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). El gobierno local aduce una docena de argumentos para intentar invalidar el plazo de seis meses que le otorgan para desalojar el inmueble y el año estipulado para completar la demolición de la urbanización denominada la Colina de Castrelos.

El recurso, al que ha tenido acceso FARO argumenta que se trata de una zona de expansión natural de la ciudad que ya se vio afectada por infraestructuras próximas como el Cinturón, la avenida Arquitecto Palacios o las factorías del grupo PSA y que además cuenta con una licencia municipal "legal y firme" de adaptación del inmueble al entorno que no llegó a poder ejecutarse. Los jurídicos apuntan también que la resolución es "ilógica, desproporcionada y antieconómica". "La situación a la que nos conduce este auto es irrazonable" y no cumple, en su opinión, con el principio de proporcionalidad.

El recurso alega a nivel formal una "clara indefensión" del ayuntamiento y la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva amparado por la Constitución al no habérsele comunicado tres escritos presentados al proceso por el abogado de la asociación de vecinos demandante. Los jurídicos entienden que esto conculca los derechos de la administración y por este motivo solicitan retrotraer las actuaciones y que se abra un nuevo trámite de audiencia antes de resolver sobre el fondo de la cuestión. Otro de los argumentos que se esgrimen desde Praza do Rei es que existe un "desajuste" entre la resolución del alto tribunal gallego y el objeto procesual ya que el último auto "anticipa" una decisión sobre el alcance de la ejecución de la primera sentencia de derribo que ni siquiera se encuentra en el escrito de los ejecutantes.

O Piricoto cuenta desde 1994 con sentencia de derribo "total o parcial", de ahí que defienden que es necesaria una tramitación incidental previa y la redacción de un proyecto que determine el alcance de las demoliciones que llevan más de dos décadas pendientes. Es por esto que el Concello entiende que el auto "contradice los fallos de la sentencia" y que la decisión de demolición dictada este mes de junio "es contraria" a la normativa de aplicación en este caso.

El gobierno local añade además que los tribunales no pueden "omitir" en este caso que el edificio cuenta con una licencia de legalización concedida el 18 de junio de 2012 y que "el propio TSXG consideraba que adaptaba el edificio al entorno" al reducir su impacto paisajístico, motivo por el que fue denunciado en su momento. Los propietarios estaban obligados a rebajar algunas alturas, reajustar los bajos e instalar una pantalla vegetal, entre otros puntos que no llegaron a completarse. Desde el ámbito municipal defienden que serán "estas medidas correctoras" las que podrán restablecer el orden urbanístico dando cumplimiento a la sentencia anterior de 2014.

El recurso de casación añade que tampoco es cierto que la anulación del PXOM de 2008 para el entorno circundante impidan ese proyecto de adaptación porque "la licencia de adaptación es firme" y porque en estos 24 años transcurridos desde la primera sentencia de derribo se produjo "una evolución del ámbito examinado". Es en este punto en el que se mencionan las alteraciones en este espacio natural de infraestructuras viarias e industriales necesarias para el desarrollo del municipio en estos años.

Los jurídicos piden también que se tenga en cuenta por parte del TSXG que "está a punto" de ser aprobada la ordenación provisional que rescatará una tercera parte del planeamiento de 2008 y que ofrece cobertura legal para conservar el inmueble realizando adaptaciones. El gobierno local estima que podrá aplicarse a principios de 2019.

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