28 de junio de 2018
28.06.2018

Vigo urge al Estado una vía legal para poder cobrar el IBI a Audasa: 320.000 euros al año

Disfruta de una bonificación aprobada en 1972 que el Concello ya intentó anular en los tribunales - Enfrentamiento sobre la situación en Torrecedeira y la inversión de la Xunta

28.06.2018 | 02:19

Audasa vuelve a ser protagonista del debate municipal. Tras la unanimidad cosechada para exigir un expediente a la concesionaria por los atascos de Rande y los perjuicios ocasionados a la competitividad del área de Vigo, los tres grupos vuelven a ponerse de acuerdo para reclamar en esta ocasión al Estado que habilite una fórmula legal que permita a todos los ayuntamientos por los que discurre la Autopista del Atlántico cobrarle el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Marea defendió la moción a la que se sumaron PSOE y PP para anular la bonificación del 95% de la que disfruta la empresa en base a una ley de 1972 sobre explotación de infraestructuras en régimen de concesión.

El edil de Hacienda de Vigo explicó que Audasa abona actualmente poco más de 16.000 euros pese a que su valor catastral en el municipio supera los 40 millones de euros. Apenas paga un 5% de los 320.000 euros que aproximadamente le correspondería ingresar a las arcas municipales, situación que se repite en todos los ayuntamientos de su trazado y que ha llevado a un grupo de 23 de A Coruña a denunciar la situación en Bruselas. Lo mismo hizo el Concello de Vigo en 2009 en los tribunales, pero Jaime Aneiros aseguró ayer que por ahora todas las sentencias habían sido favorables a la concesionaria.

La moción de Marea defendida por Rubén Pérez insta al Gobierno central a realizar gestiones para que los concellos puedan acceder a esos recursos, a trasladar el acuerdo a los grupos del Parlamento gallego e implica al Concello para elaborar informes económicos y jurídicos que sustenten esta petición para buscar una alternativa como se hizo con el IBI del Cunqueiro.

En la misma sesión la mayoría absoluta del PSOE le permitió sacar adelante la modificación presupuestaria para poder invertir el superávit de 2017 antes de que finalice el actual ejercicio económico. El gobierno local destinará 19 millones a una docena de humanizaciones, parques infantiles y cubiertas en colegios y reserva los primeros cuatro para hacer frente a la indemnización por la liquidación de la concesionaria del Auditorio. El plan recibió un rechazo de la oposición.

El portavoz de Marea lamentó que se destine el superávit "a tapar las vergüenzas" de la UTE y denunció que no se prioricen recursos para más guarderías o proyectos sociales. Por su parte, la portavoz del PP, Elena Muñoz, tildó de "engaño" las cuentas municipales sobre el Mar de Vigo y situó al alcalde como "único responsable de la quiebra". "La deuda real son 74 millones, lo demás es una hipótesis", advirtió la dirigente popular.

Salieron adelante otras dos mociones socialistas para reclamar a la Xunta un convenio de 2,3 millones para invertir en la primera urbe gallega tanto como destina a Santiago por su capitalidad y que se implique en la financiación de las fiestas de Vigo durante todo el año. Ana Laura Iglesias valoró como una "discriminación" la apuesta por recintos culturales y festivales en otras ciudades cuando no se aportan fondos en la urbe olívica. El edil del PP, Miguel Fidalgo, criticó la programación cultural de la ciudad y defendió que los conciertos de A Coruña con Shakira como buque insignia son "mucho mejores" que los de Vigo.

El PSOE rechazó la moción del PP exigiendo al alcalde que se reúna con los vecinos de Torrecedeira. Este último punto fue uno de los más encendidos del debate. El concejal de Seguridad, Carlos López Font, defendió el "diálogo permanente" con los colectivos y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad en la zona mientras que Muñoz considera sus explicaciones una "tomadura de pelo a las 1.000 personas que se movilizaron" y reclamó un segundo albergue, a lo que el gobierno local respondió que está asumiendo competencias autonómicas y que se lo demande al Ejecutivo de Feijóo.

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