Lucía A. F. compartía vivienda para repartirse los gastos cuando, en 2015, la Consellería de Política Social le advirtió de que debía mudarse si no quería perdería la renta de integración social (Risga) que tenía concedida ya que su compañera de piso también percibía una. Llevó el caso a los tribunales y logró un fallo que abre la puerta a que varias personas que residen en un mismo domicilio pero no tienen lazos familiares puedan recibir la ayuda. Pero mientras libraba esta batalla judicial y para evitar perderlo todo, acató la orden de la Xunta y se trasladó a otra casa. Esto le ocasionó perjuicios económicos, una lesión en las cervicales e importantes daños morales, en los que el departamento autonómico negó responsabilidad. Ahora, el Juzgado Contencioso Administrativo de Vigo condena la Xunta a indemnizarla por estos trastornos.

El tribunal confirma un "daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado, en la esfera personal y patrimonial de la administrada" y declara la responsabilidad patrimonial de la consellería. Cuantifica el coste de alquilar otra vivienda, la lesión sufrida en el traslado y el "genuino daño moral" causado con el agravamiento de su trastorno depresivo.

"Supuso mucho desgaste para mí en todos los sentidos, pero me quedo con que sirve para marcar un precedente en la política social de Galicia", destaca Lucía, tras el fallo de los tribunales, que ya es firme. Cuenta que decidió denunciar, animada por gente de su entorno y por la "rabia" de que la Administración "meta miedo a la gente" y ahora espera que el caso se difunda para que los que estén en la misma situación reclamen. Agradece la implicación de su abogada de oficio, Esther Lora.