Los tres grupos municipales se ponen de acuerdo para exigir al Estado a buscar algún mecanismo legal que permita a los concellos por los que transita la AP-9 cobrar el IBI a Audasa y acabe con una bonificación heredada del franquismo que le otorga una rebaja impositiva del 95%.
Fue Marea quién presentó al Pleno la moción para que Vigo redacte informes para explorar vías de solución y se sume a la lucha iniciada ante Europa por 23 concellos de A Coruña que llevaron la cuestión a Bruselas.
El edil de Hacienda explicó en la sesión que el gobierno local lo lleva intentando desde 2009 pero las sentencias han venido dando la razón a la concesionaria, que apenas abona 16.000 euros anuales.
