Una macroestafa millonaria en la venta de televisores, cámaras y otros productos electrónicos que dejó centenares de víctimas. Y entre los afectados, según se desprende de una reciente resolución del Tribunal Supremo que declara competente para la instrucción de esta causa a la Audiencia Nacional, hay vecinos de Vigo. El fraude se cometió principalmente a través de dos páginas web - www.itecnomarket.com y www.planetatv.com- y la Guardia Civil, que se encargó de las pesquisas, cuantifica los perjuicios en más de 1,2 millones de euros.
La causa recayó inicialmente en un juzgado de Instrucción de Madrid, pero el Supremo, en un auto con fecha de este 8 de junio y del que es ponente el magistrado Pablo Llarena, considera que la competencia corresponde a la Audiencia Nacional: ello por la "entidad, naturaleza y dimensión de los hechos perpetrados", que, se señala, se llevaron a cabo por "un grupo de personas especializadas en defraudaciones a través de la red" y afectaron, dada la modalidad de venta online, a personas de numerosos puntos del territorio nacional. Hay al menos 296 perjudicados, pero no se descarta que esta cifra "aumente considerablemente". Vigo fue una de las urbes donde se formularon denuncias, que ya están agregadas a la causa.
En 2016 y 2017
Las estafas se cometieron entre mayo de 2016 y febrero de 2017 a través de dos webs -tras cerrar una se activó la otra-, aunque también se vinculan a este caso otras dos páginas que se abrieron en internet con idéntico modus operandi. Se ofertaban todo tipo de productos electrónicos que se podían pagar vía transferencia bancaria, o a través de tarjetas como Visa y Mastercard. El problema es que, una vez abonado el producto, éste nunca llegaba. Hay un grupo en Facebook con afectados por este timo y son numerosos los foros de internet en los que los perjudicados relatan sus casos.
Fue la Guardia Civil de Burgos la que llevó a cabo la operación policial, que bautizó con el nombre de Caveirao. La sede de las empresas que gestionaban las webs estaba en Madrid. Cuatro personas constan como investigados en el caso, según el auto que acaba de emitir el Supremo: dos personas que "ostentarían la dirección" de las empresas que se fueron sucediendo en el tiempo para perpetrar las estafas; un trabajador que se ocupaba del aspecto comercial y de promocionar los productos en las redes sociales; y una mujer que era la responsable del área de atención y que figura como administradora de una de las sociedades.
Junto a los particulares -el daño sufrido por cada uno de ellos se cifra, de media, en unos 500 euros-, también constan entre los perjudicados entidades bancarias, por las cantidades que devolvieron a usuarios que cayeron en este timo. El ilícito por el que se sigue este procedimiento es un delito continuado de estafa, si bien no se descarta que, del resultado de las diligencias, pudiesen también concurrir otros. Los acusados actuaban supuestamente como "organización criminal".
