El PP atribuya la quiebra del recinto a la "nefasta gestión municipal"

El PP de Vigo considera que los 35 millones de euros en los que el gobierno local estima el rescate del Auditorio son una primera partida y no el coste definitivo que supondrá para las arcas municipales la liquidación de una concesión que su portavoz atribuye directamente a una "nefasta gestión" por parte del gobierno vigués. "El alcalde actúa por la puerta de atrás, sin dar la cara y con absoluto oscurantismo y falta de transparencia", denunció ayer Elena Muñoz tras dar a conocer la modificación del presupuesto aprobada en las últimas horas para reservar los primeros ocho millones para el complejo de Beiramar procedentes de remanente de tesorería y el superávit de 2017.

Los populares ponen el foco sobre la previsión de enajenación de patrimonio que contempla el gobierno vigués para hacer frente al grueso de la indemnización a Pazo de Congresos. En su opinión, se trata de "descapitalizar el patrimonio de los vigueses para pagar una indemnización que es consecuencia de su gestión". La responsable local de la formación denunció la posible intención de que se pongan a la venta el hotel y el parking anexos al Mar de Vigo o las aulas de la UNED. "Es curioso que vayamos a vender parte del Auditorio para pagar el Auditorio", ironizó Muñoz durante su comparecencia.

El PP acusa al PSOE de haber "negado la realidad y seguir ocultando información" y recordó que hace meses que pidió poder acceder al plan de liquidación. Lamenta que se aprobase en una sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno lo que tilda como "un primer pago de la deuda", cuya cuantía sostiene que estará próxima a los 77 millones y no a los 35 sobre los que el Concello negocia con la administración concursal.

La portavoz mostró su "hastío" ante las "mentiras" del alcalde, al que situó como responsable y le exigió "explicaciones claras y contundentes". "El único culpable es Abel Caballero", señaló la presidenta local del PP.

Fuentes municipales recordaron en este punto que la concesión del complejo fue firmada por el anterior gobierno de Corina Porro y que se trata de una "herencia". Lo que hizo el PSOE fue ampliar el plazo de la concesión de 35 a 60 años.