La huelga de funcionarios judiciales se prolongó tres meses. Y el alto seguimiento durante casi todo este período paralizó la actividad en la mayoría de los juzgados. Para recuperar el trabajo perdido a consecuencia de este paro, se ha puesto un marcha un plan de horas extras, a realizar por las tardes. La participación es voluntaria y, en el caso de Vigo, ya se sumaron a este programa 244 trabajadores, según confirmaron fuentes de la Dirección Xeral de Xustiza de la Xunta. Una cifra que todavía puede aumentar -el plazo para incorporarse no se cerró- y que a día de hoy supone casi el 70% de los más de 370 funcionarios que ejercen su labor en los tribunales de la urbe olívica.
El grueso de ese plan empezará en septiembre. Pero ayer ya arrancó en tres servicios, a los que por el momento en el caso de Vigo hay asignados 18 funcionarios para hacer estas horas extras: en la oficina de registro y reparto de demandas, en el servicio común de notificaciones y embargos y en la delegación del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).
900 demandas atascadas
En la oficina que se encarga de registrar y elevar las demandas y escritos a sus respectivos juzgados se sumó a este plan una funcionaria. Según informaron fuentes del decanato de los juzgados vigueses, las horas extras las realizará dos tardes a la semana en las que se dedicará en exclusiva a desatascar causas civiles. Y es que mientras este servicio tiene el resto de jurisdicciones al día, en esa materia aún hay centenares de demandas pendientes de elevar a los juzgados de Primera Instancia. En concreto, unas 900. La razón de que más de un mes después de concluido el paro todavía exista este atasco es que en el servicio están entrando numerosos pleitos civiles que impiden reducir la bolsa de asuntos paralizados con más rapidez.
Al igual que en esta oficina, ya comenzó el plan de recuperación en el servicio común de notificaciones y embargos, ubicado en el Casco Vello y que también se encarga de ejecutar los desahucios. En este caso, se apuntaron 13 funcionarios para realizar ese trabajo a mayores. Y también arrancó el programa en la sede viguesa del Imelga.
Ya en el grueso de los juzgados y en otros servicios el programa empezará en septiembre: en esa fecha se dispondrán de las estadísticas judiciales relativas al primer semestre de este 2018, lo que permitirá asignar esos refuerzos en función de las cargas de trabajo y de las necesidades de cada tribunal. Los datos relativos a los primeros tres meses del año ya arrojan que el impacto de la huelga en Vigo ha sido notorio, con un desplome de hasta un 40% en la resolución de asuntos. El número de casos pendientes de resolver se disparó por encima de los 17.000 y, en cuanto a la ejecución de las sentencias, el número de las tramitadas se desplomó a la mitad en relación con el mismo período de ejercicios anteriores.
En cuanto a los juicios y otras diligencias como interrogatorios suspendidos por este paro -que se prolongó desde el 7 de febrero y hasta principios de mayo-, los datos recabados por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apuntan a que en la ciudad olívica fueron al menos 2.464.
