15 de junio de 2018
15.06.2018

O Piricoto, un calvario judicial en doce actos

En septiembre se cumplen 24 años desde la sentencia inicial de ilegalización

15.06.2018 | 15:59
Panorámica de O Piricoto. // A. Villar

El 8 de marzo de 1991 el Ayuntamiento de Vigo otorgó a Domus Nerga S. L. licencia para la construcción de tres bloques de planta baja y cinco alturas con 96 viviendas en Subida á Costa, pero apenas unos meses después la Asociación de Vecinos Monte da Mina presentaba recurso contencioso-administrativo y el 22 de septiembre de 1994 se confirmaba el primer mazazo para los propietarios de la Colina de Castrelos. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulaba el acuerdo municipal por considerarlo "contrario a derecho". El fallo apuntaba a que el inmueble construido en las inmediaciones del parque de Castrelos y el Pazo Quiñones de León, monumento histórico-artístico, "crea una implacable pantalla absolutamente disonante con el entorno".

En ese momento arranca un calvario judicial que hasta hoy mismo ha mantenido en el limbo a los propietarios del casi centenar de viviendas de O Piricoto. Tras este primer contratiempo, la promotora presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que resolvió el junio del año 2000 desestimando el recurso y confirmando la anulación de la licencia de obra concedida a escasos meses de las elecciones municipales de 1991 y amparándose en la polémica adaptación del PGOU de 1988 a la ley del suelo autonómica que se aprobó como moción de urgencia.

Tras el fracaso de este primer intento, la comunidad de propietarios presentó un recurso de casación contra la orden de ejecución del derribo de 2006 dictada por el Tribunal Superior gallego y en agosto de 2008 corría la misma suerte que Domus Nerga S.L. al ver desechadas sus pretensiones y negarse el Supremo a legalizar la Colina de Castrelos e instara su "demolición total o parcial" para reducir su impacto paisajístico y "armonizarla con el paisaje".

La aprobación meses después del nuevo planeamiento de 2008 que actualizaba las previsiones para la zona y permitía el encaje de la urbanización dio cierto alivio a los afectados, que se pusieron a trabajar en un proyecto de legalización que apenas afectaba a la edificabilidad. Este documento se aprobó en julio de 2012 y tras varios ajustes, en octubre de ese año se otorgaba licencia a la comunidad de vecinos para ejecutar los cambios necesarios y adaptarse al planeamiento de 2008 en vigor. Los retrasos en el cumplimiento de las exigencias a los que ayer hizo mención el alcalde impidió formalizar los permisos y de nuevo situó el proyecto en el alero tras la anulación del Plan Xeral por parte del Tribunal Supremo y la reviviscencia de las normas de 1993 en las que la Colina no encaja.

El Supremo se volvió a pronunciar en abril de 2017 tumbando el último recurso de los vecinos al no contar con el amparo de ninguna ordenación urbanística y es por ese motivo que el TSXG en las últimas horas optó por hacer efectiva su resolución de derribo del año 1994, regresando al "casillero de salida", según los magistrados. 24 años después la situación sigue igual.

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