14 de junio de 2018
14.06.2018

El Concello recurrirá el auto que le ordena derribar O Piricoto en un año

El juez indica que la anulación del plan de 2008 impide su legalización - Concede seis meses para su desalojo mediante cortes de luz y el precinto de los accesos al inmueble

14.06.2018 | 13:01
Vista general de la Colina de Castrelos cuya legalidad lleva en entredicho desde 1994. // M. G. Brea

Nuevo revés judicial para la comunidad de propietarios de O Piricoto. Los dueños de las 96 viviendas construidas en la colina de Castrelos a principios de los años 90 tienen de nuevo encima la amenaza de derribo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió ayer un auto en el que otorga al Concello de Vigo el plazo de un año desde que se le notificó la resolución -13 de junio- para proceder a la demolición del edificio. Pero previamente, los magistrados fijan un periodo de seis meses como máximo para que la administración local desaloje a los ocupantes de las viviendas de la urbanización Colina de Castrelos "con el corte del agua y la luz y el precinto de los accesos". Así se indica en el texto comunicado ayer por la tarde a Praza do Rei. El gobierno local acaba de anunciar que hará uso de su derecho y que presentará recurso de casación en el plazo de cinco días.

Este auto es el último capítulo en un largo reguero de resoluciones judiciales sobre el inmueble que ha estado sumido en la incertidumbre desde que en 1994 el alto tribunal gallego anulara la licencia urbanística concedida el 8 de marzo de 1991 a Domus Nerga S.L. para construir una edificación de tres bloques con un bajo y cinco plantas en Pazo y Subida á Costa. Tras sucesivos intentos de resolver la situación urbanística y fallos contradictorios, 24 años después, el TSXG ratifica su criterio inicial y por primera vez pone plazos a la administración local para acatar la sentencia original de derribo.

El actual gobierno abrió una vía para su legalización en el año 2012 al amparo del nuevo planeamiento de 2008. Se le otorgó licencia de legalización condicionada a la realización de obras de derribo en las partes más altas y la cobertura de la fachada con una pantalla vegetal con la intención de favorecer su integración en el entorno de Castrelos. Tras la consecución de este permiso, la orden de demolición quedó en suspenso y así se reconoció judicialmente en octubre de 2015. Pero apenas un mes y medio después caía el PXOM de 2008 que le ofrecía cobertura a la edificación y los magistrados concluyen ahora que esa anulación "impide que la licencia de legalización concedida acomode la construcción al contorno", instando a la ejecución del fallo original.

El último auto del TSXG reconoce la situación "paradójica" de O Piricoto al contar con una licencia de junio de 2012 que el propio tribunal consideraba que adaptaba el edificio al contorno y permitía su legalización con ciertos ajustes. Pero concluye que la reviviscencia del Plan Xeral de 1993 sitúa el inmueble "en el casillero de salida, es decir, que carece de licencia que legalice lo construido y, en consecuencia, destinado a su derribo, y a estos efectos resulta obligado adaptar medidas dirigidas a conseguir dicho fin".

Así argumentan los tres magistrados de la sala segunda de lo Contencioso-Administrativo su "decisión" de dar hasta diciembre al Concello de Vigo para desalojar el inmueble y seis meses más, hasta junio de 2019, para cumplir la orden de demolición de 1994. Catorce años después, en 2008, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia de ilegalización de la Colina de Castrelos por entender que fue construida con una licencia ilegal y que constituye además una "pantalla disonante" en su entorno.

No fue esta la última vez que se pronunció sobre el caso. En abril de 2017 el Supremo dejaba de nuevo en el aire la legalización del edificio al tumbar el último recurso de la comunidad de propietarios y el Concello para permitir la legalización de las viviendas. En ese fallo se contemplaba la demolición "parcial o total" de la construcción, pero en el auto de ayer del TSXG se habla únicamente de medidas dirigidas a su "derribo", por lo que los jurídicos municipales deben estudiar con detalle su alcance.

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