Los reiterados y graves colapsos que padece la AP-9 han colmado la paciencia de conductores, empresarios, los ayuntamientos más afectados e incluso la Valedora do Pobo, que hace unas semanas anunciaba que presentará una queja de oficio ante Audasa y el Gobierno. A ellos se suma ahora la Fiscalía de Pontevedra. A través de un comunicado, el Ministerio Público informa de que abrirá diligencias de carácter civil por "el deficiente funcionamiento de la AP-9 en Rande". Si su investigación demuestra que hay razones para ello, valora también promover una demanda colectiva con los afectados para exigir indemnizaciones o la devolución de peajes. Desde la Fiscalía advierten de que, "en el caso de prosperar la reclamación colectiva, los conductores que se quieran sumar deberán mostrar "la documentación que acredite el uso de la autopista en el período de duración de la obra" en la AP-9.

El Ministerio Público decidió abrir diligencias ante "el deficiente funcionamiento sostenido en los últimos meses en el tramo de la autopista", que vincula con las "obras de ampliación de capacidad en el enlace de Cangas-Teis y puente de Rande llevadas a cabo por Audasa". Desde febrero se aplican restricciones y cortes de carriles para realizar trabajos en el viaducto que han agravado los atascos.

La decisión de Fiscalía llega después de que los alcaldes de Vigo, Redondela, Cangas y Moaña, junto con los empresarios, exigiesen a Fomento una solución a los frecuentes colapsos en Rande y sus accesos. De forma unánime han reclamado que las barreras de los peajes se levanten cuando la AP-9 registre embotellamientos, una medida que urgen por seguridad, la agilidad del tráfico y los propios derechos de los conductores. "Si el servicio que se presta es malo no debería cobrarse", apuntaba hace semanas Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. Un razonamiento similar se lanzaba desde asociaciones de conductores y usuarios, como Automovilistas Europeos Asociados, Facua o RACE.

La propia Milagros Otero, Valedora do Pobo, reconoce que lo "lógico" es que los conductores que no reciben la prestación esperable en una autopista estén libres del gravamen. "Cuando los tiempos de viaje aumenten de forma significativa respecto a los ordinarios la consecuencia lógica debería ser el no pago del peaje", razonaban hace un par de semanas desde la oficina de la Valedora, que zanjaba además: "El criterio de que los usuarios deben sufrir las consecuencias de las obras de mejora, aplicable de carácter general a todas las obras públicas, no puede aplicarse en el mismo sentido y con el mismo alcance en autopistas de peaje".

Parte de los conductores que se ven atrapados en la autopista en los accesos a Rande sin embargo no pagan canon, al menos de forma directa. Desde 2006 el tráfico entre Vigo y O Morrazo está liberado -al igual que entre A Coruña y Barcala-, lo que significa que su coste lo asumen las administraciones. Durante años esa factura la afrontaban a medias Fomento y Xunta, que solo en 2017 consignó en sus presupuestos 6,7 millones para ese fin. Ante esa abultada factura San Caetano solicitó al ministerio que asumiese en solitario el coste de liberar los tramos, petición que fue aceptada en julio de 2017.

A raíz de las críticas de alcaldes, empresarios e instituciones, Fomento y Audasa se reunieron hace justo una semana para buscar soluciones a los reiterados colapsos en la AP-9. Sobre la mesa estaba la posibilidad de levantar las barreras de peaje durante los atascos, como reclamaban los usuarios. La cita se saldó sin embargo con un compromiso tibio por parte del ministerio, que solo adoptará esa medida "en casos muy concretos" y "tras el pertinente análisis de la situación".

El lunes, apenas unos días después de esa cumbre entre Fomento y la concesionaria de la AP-9, Rande volvió a registrar embotellamientos sin que se levantasen barreras o se tomasen medidas especiales para solventarlo.

Los continuos atascos movilizaron también a los alcaldes de O Morrazo, que el domingo impulsaron una concentración ciudadana en Domaio. "Queremos denunciar los prejuicios que la nefasta gestión de las obras de ampliación del puente de Rande están provocando a nuestros vecinos desde el principio", señalaron entonces los representantes de Cangas, Moaña, Bueu y Vilaboa. La protesta se celebró 48 horas después de que Fomento les "plantara" en un encuentro anunciado días antes.

La regidora de Moaña, Leticia Santos, mostraba ayer su satisfacción por que la Fiscalía abra diligencias, aunque lamenta que lleguen "un poco tarde". "Llevamos sufriendo esta situación desde febrero", recuerda Santos, quien apunta que lo importante es que se reclame a Audasa una compensación "por lo que ha cobrado de forma indebida". La primera edil de Moaña recuerda que el tráfico entre Vigo y O Morrazo tiene un "peaje en la sombra". "El Gobierno tendrá que reclamarle o descontarle la parte proporcional. A nosotros nos obligan a ir por un carril de servicio".

De opinión similar, Xosé Manuel Pazos, alcalde de Cangas, reconoce su satisfacción por las medidas adoptadas por el Ministerio Público después de "meses" alertando de los atascos que padecen los conductores. "Nos alegramos por una decisión que es de ley. En Rande se está obrando de forma fraudulenta", reivindica el regidor cangués antes de lamentar la falta de información sobre qué obras se están acometiendo en el puente.

Sobre la demanda colectivo que podría llegar a impulsar el Ministerio Público con los afectados por los embotellamientos de la AP-9, explica que en el caso de O Morrazo -con "peaje en la sombra"- obtener esa compensación sería fácil. "El Estado no tendría que ingresarle A Audasa lo correspondiente a ese tiempo", razona Pazos, partidario de sancionar a la empresa por su "compartamiento oscurantista".

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, celebró que Fiscalía investigue la situación de Rande "tras los atascos continuados" en los accesos al viaducto, pero reclama también responsabilidades políticas. La presidenta provincial recuerda que los nuevos carriles del puente se inauguraron hace casi medio año, en diciembre, si bien las obras y los operarios nunca dejaron de trabajar. "Estamos en mayo y los atascos son continuados. La responsabilidad política es exclusivamente de Rajoy y Feijóo tiene que pedir disculpas y tomar medidas ya", zanja.

Uno de los colectivos más afectados es el de los transportistas, que ven cómo los frecuentes atascos en Rande lastran su competitividad. El presidente de su asociación provincial (Asetranspo), Ramón Alonso, valora de forma positiva la decisión de la Fiscalía, pero exige también acción política. "Esto está bien, pero no puede tapar el problema de fondo, que es que Audasa no está cumpliendo", reivindica.

Los carriles exteriores de Rande se inauguraron el 31 de diciembre de 2017, el último día que -según el convenio firmado por Fomento y Audasa- permite a la concesionaria aplicar una subida extraordinaria de peajes ya en 2018. Las obras en el viaducto nunca cesaron y en febrero se intensificaron en el tablero central, lo que ha obligado a cerrar carriles y aplicar restricciones de circulación que causan frecuentes colapsos. Según ha avanzado Fomento las obras que más afectan al tráfico finalizarán dentro de una semana -el 31 de mayo-, si bien los operarios seguirán realizando labores.