El sector de la estiba contará con seis meses más, a partir de la aprobación del reglamento del sector, para seguir negociando el nuevo convenio marco con lo que el control de estos trabajadores sobre la carga y descarga en los muelles de titularidad estatal seguirá igual que hasta ahora. Tal y como pedían los sindicatos y la patronal Anesco, el Gobierno aceptó ayer ese semestre de prórroga por lo que ambas partes podrán negociar "sin la presión de un plazo que se agotaba", como así lo valoró el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar tras participar ayer en Madrid en la reunión con representantes de los estibadores.
El Real Decreto de reforma había establecido en un año el plazo de adaptación de los convenios colectivos al nuevo marco normativo, por lo que agotado este tiempo todo acuerdo contrario a la reforma sería ilegal. Sin embargo, el plazo acabó este domingo sin que sindicatos y empresas aprobasen el Convenio Marco, el acuerdo matriz de regularización del sector que serviría de guía al resto de puertos para adaptar sus correspondientes convenios colectivos.
Pero en el hecho de que trabajadores y Anesco tengan a estas alturas pendiente el acuerdo sobre el llamado V Acuerdo Marco se debe en parte al retraso del Gobierno en presentar el segundo decreto, el del desarrollo del aprobado en mayo en el Congreso. El documento que debería concretar aspectos cruciales como el sistema de ayudas o nuevos certificados de profesionalidad todavía no se ha presentado a pesar de que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se comprometió a hacerlo con "urgencia" hace un año.
A esta cuestión se refirió ayer el secretario de Estado después de la reunión con los sindicatos. Gómez-Pomar lo atribuyó a la "complejidad" que tiene, y añadió que de su contenido había que dar cuenta a la Comisión Europea (CE). Además explicó que tiene una tramitación interna en la que intervienen todos los departamentos ministeriales y diferentes instituciones. "Esto ha llevado a una importante demora más allá de la que nosotros nos hubiese gustados para su aprobación", admitió.
Gómez-Pomar avanzó que el próximo miércoles se va a presentar en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, una enmienda transaccional a la ley de presupuestos que amplía en seis meses el plazo de negociación a partir de la entrada en vigor del real decreto, algo que previsiblemente ocurrirá a finales de junio próximo.
Los representantes de los estibadores celebraron la reunión y la fórmula acordada, ya que permite el plazo de negociación que venían demandando y ayuda a restablecer un estado de armonía en las negociaciones y también en las relaciones con el propio ministerio, de acuerdo con la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario del sector. "Ayudará mucho al sector", dijo sobre el plazo concedido el líder Coordinadora, Antolín Goya.
Negociaciones en Vigo
La moratoria conseguida por los sindicatos surge en un momento de intensas negociaciones en Vigo que hasta hace escasas semanas eran impensables. Tanto desde el Comité de Empresa de Sagep de Vigo como los accionistas (Termavi, Bergé, Suardiaz, Kaleido y Pérez Torres) mantienen un mutismo total sobre el contenido de estos encuentros y ni mucho menos quieren aventurar resultados. Desde ambas partes solo confirman una actitud positiva de cara a "cambiar la situación".
Detrás de esta ambigua declaración existe una verdadera disposición por parte de los trabajadores a alcanzar un acuerdo con las empresas. Un acuerdo para un nuevo convenio ya adaptado a la liberalización, específico de Vigo y con cambios de calado en la organización de la actividad de carga y descarga en los muelles. Este es el objetivo que se habían marcado los estibadores vigueses previamente a la concesión de los seis meses de prórroga por parte del Gobierno, una decisión esta que, admiten, relaja las negociaciones en el sentido de que se abordarán ahora "sin tanta urgencia".
