Tras dos años de pesquisas judiciales, el caso Gradiant, abierto tras la denuncia de un exdirectivo despedido de este centro tecnológico vigués, se ha desinflado por completo. El Juzgado de Instrucción 1 de Vigo, en un auto firmado por el magistrado Juan Carlos Carballal, ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones al "descartarse" la comisión de los delitos por los que se incoó la causa: fraude de subvenciones públicas, falsedad documental y tráfico de influencias. El juez adoptó la decisión ayer, justo después de tomar declaración, en un interrogatorio que apenas duró cinco minutos, al investigado que faltaba por comparecer, Lorenzo Rodríguez Currais, director general de Balidea Consulting & Programing. Junto a él, quedaron libres de cargos el resto de imputados: Fernando Jiménez, gerente de Gradiant; ,Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) y responsable de InfoJC; José Luis Fernández, directivo de Televés; y Manuel Rey Varela, exdirector de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) de la Xunta.

El directivo despedido del centro vigués, David Vázquez Cortizo, había denunciado la existencia de un presunto fraude en la obtención de subvenciones europeas, en un escenario en el que, señalaba, en realidad no se hacía ningún trabajo "real y efectivo" para los proyectos de innovación que recibían las ayudas. Y el caso se enredó aún más el pasado noviembre, en el interrogatorio al exalto cargo de la Xunta investigado. En relación a una cuestión clave en este asunto, el de las horas efectivas de trabajo dedicadas a cada proyecto, en las que se detectó un "desfase", Rey Varela dijo que se trataba de una cuestión "relevante", hasta el punto de que el incumplimiento de las horas programadas podría derivar en una "minoración" o "revocación" de la subvención concedida.

Esto llevó al juez a ampliar la investigación y pedir informes periciales al Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que concedió las ayudas de dos de los proyectos cuestionados: Centinel, de edificios inteligentes, y Sixic, del ámbito sanitario. Y lo aportado por esta entidad pública es determinante en el archivo. Así lo indica el magistrado. "[...] si bien es indiscutible que en los sistemas internos de Gradiant se verifica que se han dedicado menos horas de trabajo efectivas que las determinadas en cada proyecto (la aplicación tenía un "margen de error muy alto" porque no lo usaba todo el personal del centro), lo que debe valorarse es si, en conjunto, el proyecto fue realizado de conformidad [...]", dice. Y en este caso concluye que "no solo no consta resolución de los órganos administrativos por el que se declare el incumplimiento de las condiciones que determinaron la concesión de la subvención", sino que el CDTI informó de que el debatido concepto de "horas de trabajo" es "orientativo" y "carece de valor trascendente para justificar la subvención inicialmente concedida".

Así que, dados que los proyectos se realizaron "a plena satisfacción" y hubo un "efectivo control público" sobre el cumplimiento de las condiciones, pese a las posibles "discrepancias puntuales" en las horas de trabajo, el juez descarta la comisión de los delitos denunciados.

A la declaración de ayer ante el juez previa a que se dictase el archivo de la causa acudieron el fiscal y abogados personados en el procedimiento, entre ellos José Fernández, del despacho Garrigues, que representa a la empresa Gradiant, o Ramón Amoedo, letrado del gerente del centro tecnológico.