El gobierno local mantiene que la Lei 2/2017 de la Xunta que suprime el requisito de empadronamiento para acceder a los descuentos del transporte público es "inconstitucional". No obstante, el alcalde reiteró ayer que se cumplirá "de inmediato" la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo y desde ayer a la mañana ya se están recogiendo docenas de solicitudes de acceso a la PassVigo de vecinos de otros municipios. Estos nuevos beneficiarios pasarán a disfrutar del mismo descuento que les proporcionaba la tarjeta verde y en lugar del billete ordinario a 1,35 euros abonarán 0,89 céntimos al igual que los vigueses. El Concello asegura que este cambio legal introducido hace un año tendrá un coste de "cientos de miles de euros" que se abonarán inicialmente desde las arcas municipales para cumplir con la orden judicial y que luego se reclamarán al Ejecutivo autonómico.
Así lo advirtió Abel Caballero tras explicar que a partir de ahora se podrán definir los titulares de la tarjeta ciudadana censados en la ciudad y los de fuera, por lo que será sencillo hacer el cálculo de la subvención destinada a los viajes de vecinos de otros concellos. "Hasta ahora no eran nominativas y era imposible estimar una cifra global, pero desde hoy se va a cuantificar, lo haremos público y luego le pediremos esos fondos a la Xunta", avanzó antes de explicar que los servicios jurídicos municipales recurrirán y "explorarán todos los mecanismos jurídicos a nuestro alcance para defender a los ciudadanos de Vigo".
El único cálculo económico que han podido realizar los técnicos se refiere en exclusiva a los vecinos de la parroquia de Chapela, hasta donde llega el Vitrasa. El regidor desveló ayer que solo los descuentos ordinarios de 46 céntimos por viaje equivalentes a los de la antigua tarjeta verde suponen "entre 100.000 y 150.000 euros al año para la ciudad", a los que habría que sumar el coste de las rebajas adicionales para estudiantes, personas sin recursos y pensionistas.
Hasta ayer se habían expedido 135.000 PassVigo que el 15 de abril sustituyeron a la tradicional tarjeta verde y que fue creada con la intención de dar acceso en el futuro a gestiones electrónicas en la web municipal y a otros servicios como los pabellones municipales.
Caballero defendió el empadronamiento como "un criterio común en la gestión de las políticas municipales" y un pilar de la autonomía local. Así se lo intentaron hacer ver desde Vigo al magistrado que lleva el caso, el mismo que hace un año ordenó la suspensión cautelar del funcionamiento del Área Metropolitana. La apertura de la tarjeta ciudadana a cualquier solicitante es una medida cautelar y ahora el juez tendrá que abordar el fondo de la cuestión. Hasta entonces, el regidor insistió en que "se atenderá a lo que dicen los jueces" y responsabilizó directamente a Feijóo de los costes económicos que acarreará la que denominó "ley antiVigo. Fue una represalia por no asumir el chantaje del transporte metropolitano", aseveró el regidor.
El alcalde cuestiona el "trato diferencial a la ciudad de Vigo" pues compareció ayer con los pliegos de los bonos de transporte de una docena de ciudades españolas y de Ourense, Santiago, Lugo y A Coruña porque también restringen parte de sus descuentos a las personas inscritas en el padrón. "En Ourense se exigen seis meses de antigüedad para acceder a la Tarjeta Milenio Pensionistas y la de desempleados", puso como ejemplo el regidor, que aludió a Santander, Granada o Murcia que también aplican este criterio a parte de sus bonos descuento.
"Feijóo quiere que Vigo le pague el autobús a todos los pensionistas con nuestros impuestos", denunció el regidor, que también denunció que el autobús urbano de Mos limita sus descuentos para jóvenes a los empadronados. La normativa que obliga a cambiar los criterios de la PassVigo es de ámbito autonómico y podría poner en cuestión las limitaciones aplicadas en cualquier ciudad de la comunidad, pero Caballero zanjó que no se plantean denunciar. Se centrarán en defender la "inconstitucionalidad" de la norma y en seguir extendiendo la PassVigo a más servicios municipales con la exigencia del empadronamiento, puesto que la normativa autonómica se ciñe al transporte.
Abel Caballero - Alcalde
"Feijóo quiere que paguemos todo con nuestros impuestos y le reclamaremos los costes"
